Nasry Asfura llegó a la Presidencia de Honduras con una promesa que marca el curso de su administración: reducir el Estado para hacerlo más austero y “eficiente” en un país de 11 millones de habitantes. En una toma de posesión sencilla, el 27 de enero, tras unas elecciones marcadas por denuncias de irregularidades, el nuevo mandatario, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, pidió que lo juzgaran por sus hechos y prometió ponerse a trabajar de inmediato. Seis meses después, con un balance salpicado por la ineficacia y el descontento, su Gobierno se prepara para enfrentar la inminente llegada del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos e indultado por Trump.El ajuste no se hizo esperar. En menos de un mes, la nueva Administración recortó personal en 113 instituciones y eliminó diez de ellas por completo. Entre las suprimidas están la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y el Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y No Repetición para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.La prueba de fuego comenzó en el sistema de salud. Durante el primer mes, Asfura asumió personalmente la conducción de la cartera y se autonombró ministro de Salud. Bajo la declaratoria de estado de emergencia y mediante un régimen excepcional, aprobó un fideicomiso de 500 millones de lempiras (unos 18,7 millones de dólares) para la crisis sanitaria. La medida, según el Ejecutivo, buscaba resolver el desabastecimiento de medicamentos, reducir la mora quirúrgica —estimada entre 13.000 y 20.000 pacientes en espera— y recuperar la capacidad operativa de los hospitales públicos. Aquello, sin embargo, despertó cuestionamientos tempranos. Diversos sectores advirtieron de que el esquema privilegiaba la contratación de servicios privados mediante fideicomisos y convenios extraordinarios. Más que una solución eficaz, señalaban, se abría la puerta a la privatización de la salud. “La salud pública ha sido el núcleo de la corrupción en Honduras y creo que esa es una de las razones por las que el mismo presidente asumió ese rol. Pero, hasta ahora, la percepción en la población sigue siendo que los problemas fundamentales persisten. El hondureño que requiere atención pública ha visto muy pocos cambios”, sostiene Agresio Girón, analista político y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Utah.Cuatro meses después, los resultados siguen siendo mínimos. En los hospitales persisten las denuncias por desabastecimiento y deficiencias operativas. A finales de mayo, el propio Ejecutivo admitió retrasos en la ejecución de los recursos y reportó apenas 227 cirugías realizadas. El diario local La Prensa señaló a finales de junio que el Gobierno había gastado 10 millones de lempiras (unos 372.000 dólares) en 154 cirugías, a un promedio de 2.400 dólares por intervención.Más allá del debate sobre sus resultados, la decisión selló el estilo de gobernanza de Asfura: recurrir a estados de excepción, fideicomisos y facultades extraordinarias.Beneficios al sector privado y cercanía con IsraelNo todas las medidas extraordinarias han avanzado al mismo ritmo. Mientras la emergencia sanitaria se estanca, otras decisiones del Ejecutivo y del Congreso se han ejecutado con celeridad.En sus primeros seis meses, el Gobierno no solo benefició al sector privado de la salud con contratos millonarios. También aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, norma que ordena al Ministerio Público y a la Policía actuar de inmediato ante ocupaciones de tierras destinadas a proyectos agroindustriales. Su aplicación ya deja tres comunidades desalojadas por la fuerza, entre ellas una comunidad garífuna en la costa caribeña cuya tenencia se está amparada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En paralelo, el Congreso analiza una reforma a la Ley General de Energía para privatizar la distribución eléctrica.“Estos tres hechos nos dicen para quién está gobernando Asfura: está gobernando para el sector privado. Por el contrario, con el resto de la población se ha mostrado incapaz y negligente”, afirma Lucía Avilés, investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Según Avilés, el panorama se complica porque, medio año después, Asfura aún arrastra la sombra de las denuncias por irregularidades electorales que, dice, restan legitimidad a su gestión.Israel Melo, sacerdote jesuita y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-Radio Progreso), afirma: “Uno de los grandes errores de Asfura al asumir el poder es que sus únicos interlocutores han sido la gran empresa, Donald Trump, Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Ha estado desconectado de la población cuando su principal reto es construir la legitimidad perdida desde el inicio”. Desde antes de asumir el poder, Asfura marcó un drástico viraje exterior al viajar a Jerusalén en enero de 2026 para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, calificando a Israel como un “amigo verdadero” de Honduras. Bajo su Administración, el Gobierno hondureño ha sellado una estrecha alianza política y estratégica con el Ejecutivo israelí, reabriendo lo que ambos países denominan una “nueva era” en sus relaciones bilaterales.La estrategia contra la corrupción en un país carcomido por ese cáncer también se ha desinflado con Asfura. La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) —una de sus promesas estrella de campaña— perdió impulso rápidamente. El mandatario reconoció que ponerla en marcha durante el primer año sería “muy difícil” y la sustituyó por una política nacional anticorrupción cuyos resultados aún no son visibles. En cambio, la eliminación de la Secretaría de Transparencia avanzó sin demora y sus funciones pasaron a una Procuraduría encabezada por Dagoberto Aspra, antiguo abogado defensor de Asfura en procesos por presunta corrupción.Seguridad: la promesa que se derrumbaEl combate a la criminalidad también registra un serio deterioro. Durante el primer trimestre de 2026, los homicidios aumentaron un 5,65% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y se han reportado al menos 18 masacres en lo que va del año.Con una tasa de 26,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras se mantiene como el país más violento de Centroamérica y el tercero de América Latina, solo por detrás de Haití y Ecuador. Pese a ello, la Administración Asfura sigue sin presentar un Plan Nacional de Seguridad.A mediados de mayo, dos masacres en la zona caribeña dejaron 24 muertos, entre ellos cinco policías. Aunque el Gobierno destituyó a dos altos mandos policiales e integró un equipo interinstitucional de emergencia, más de dos meses después no existen avances sustanciales en la investigación.A esto se suma el repunte en extorsiones y desapariciones. Medios locales reportan que cerca de 300.000 hogares hondureños pagan el denominado “impuesto de guerra”. El Ejecutivo respondió —sin presentar evidencias— que el 80% de las denuncias por extorsión son falsas.En materia de violencia de género, el panorama es desgarrador: organizaciones feministas contabilizaban 150 feminicidios al 16 de julio, lo que equivale a una muerte cada 31 horas. El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla denunció que el 95% de los casos permanece en la impunidad.La sombra de Juan Orlando HernándezLos primeros seis meses de Asfura también están marcados por el contexto geopolítico. Su llegada al poder coincidió con el respaldo de Donald Trump y el indulto concedido en EE. UU. al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado por narcotráfico y figura clave del gobernante Partido Nacional. De acuerdo con analistas, el regreso de Hernández —anunciado por él mismo para este 26 de julio— amenaza con socavar la gobernabilidad del Ejecutivo.“En Honduras existe un ‘Estado profundo’, un poder real detrás del poder formal. Está el poder de Asfura en la Presidencia y el de Tomás Zambrano en el Congreso, pero también una estructura enquistada en el Gobierno y en redes de crimen organizado que responde a Juan Orlando Hernández”, señala el analista sociopolítico Eugenio Moreno.Aunque Washington mantiene una relación cercana con la administración actual, desde el Congreso estadounidense surgen cuestionamientos por el deterioro de la seguridad, las violaciones a derechos humanos y ciertas reformas oficiales. Al mismo tiempo, las relaciones con China se han enfriado mientras Honduras emite señales de acercamiento hacia otros actores, como Rusia.Para Asfura, la presión no solo proviene de las críticas a su gestión, sino del reto de gobernar a la sombra de su antecesor. Hernández regresará al país este domingo, después de que un juzgado local anulara la orden de captura en su contra, mientras sus simpatizantes organizan un recibimiento masivo en el ámbito nacional que opaca a un gobernante que prometió seguridad, eficiencia y cero tolerancia al crimen y la corrupción.