0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl Ayuntamiento de Mataró (Maresme) revisará el caso de Miquel Clos, el conocido como “vecino cívico”, tras detectar varios errores administrativos durante la tramitación del expediente que le obligó a pagar 1.700 euros por las actuaciones de mejora que había realizado en la calle en la que vive. El consistorio estudiará ahora si corresponde devolverle ese dinero, una decisión que quedará en manos de los servicios jurídicos municipales.La revisión llega después de una reunión de más de dos horas entre Clos y la concejala de Espacio Público, Elisabeth Ruiz, que el propio afectado calificó de “muy positiva”. El vecino asegura haber salido “muy satisfecho” por el trato recibido y destaca que, por primera vez desde que se inició el conflicto, se ha sentido escuchado.Lee tambiénLa propia concejala admite que éste era precisamente el primer objetivo del encuentro. “Yo no sé si le podré dar una solución, pero al menos le escucharé, que es lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo”, explica Ruiz en conversación con este diario. Según la responsable municipal, el origen del problema se encuentra en la tramitación posterior al recurso presentado por Clos contra la reclamación económica.“Realmente todo comienza a partir del recurso. Se comete un error en el expediente, se incorpora un documento que corresponde a otro expediente y, a partir de ahí, su abogado comienza a reclamar una respuesta que no llega”, reconoce la concejala. Ruiz admite que esa falta de respuesta contribuyó a cronificar el conflicto. “Ha sido una serie de catástrofes administrativas”, resume.Nunca hemos considerado la acción del vecino como un acto vandálicoElisabeth RuízConcejala de Espais Públics del Aj. de MataróSin embargo, la concejala matiza que ”tenemos constancia de que el decreto consta como recibido, abierto y leído bajo su nombre. Él nos dice que nunca lo vio y yo lo creo, pero el sistema refleja que alguien accedió”, explica. Según Ruiz, podría tratarse de una incidencia vinculada a la notificación electrónica. La concejala insiste en que el consistorio nunca consideró la actuación de Clos un acto vandálico. ”Yo no dudo de su buena fe. Evidentemente no es vandalismo. Pero se ha modificado el espacio público y devolverlo a su estado original tiene un coste. Lo que se le reclama es ese coste”. Incluso apunta que, jurídicamente, el Ayuntamiento pudo imponer una sanción administrativa adicional, pero optó por no hacerlo. ”Se le podría haber sancionado, pero no se sancionó. Solo se tramitó la reclamación patrimonial.”Estado en que se encuentran los bancos de la call del Cos en Mataró .MCTambién aclara que la expresión “daños y perjuicios”, que aparece en la carta de pago y que Clos considera especialmente ofensiva, responde únicamente al formulario estándar utilizado por el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputació. ”No quiere decir que se le esté acusando de vandalismo. Es simplemente el concepto administrativo que utiliza este organismo para tramitar este tipo de reclamaciones”. La reunión sirvió también para que el consistorio se comprometiera a revisar íntegramente el expediente.Clos interpreta este compromiso como un primer paso para que se le devuelvan los 1.700 euros que ya respaldó, aunque asume que el proceso administrativo puede alargarse. Pese al acercamiento con el gobierno municipal, Miquel Clos no piensa detener la campaña de recogida de firmas que inició después de que el caso trascendiera públicamente.Recogida de firmas para que no vuelva a pasarEl vecino considera que la reunión sirvió para reconocer errores administrativos y mejorar el diálogo con el Ayuntamiento, pero defiende que su caso pone de manifiesto la necesidad de revisar los procedimientos para que otros ciudadanos no tengan que pasar por una situación similar.Este cambio de escenario llega pocos días después de que el caso trascendiera públicamente y generase una importante repercusión ciudadana. La historia de Miquel Clos, conocido ahora por las actuaciones voluntarias de mejora del espacio público, provocó numerosas muestras de apoyo y el inicio de una campaña de firmas reclamando la retirada de la multa y la revisión de los trámites administrativos.Por eso mantendrá la movilización ciudadana hasta que se resuelva definitivamente el expediente y, sobre todo, para que la experiencia sirva para impulsar una administración “más cercana, más dialogante y más garantista” en la tramitación de futuros procedimientos.Corresponsal de La Vanguardia en el Barcelonès Norte y corresponsal y responsable de la edición local de La Vanguardia en el Maresme. @fedecedo