Más contenidoEl Grupo Interno de Trabajo (GIT) priorizó el seguimiento a proyectos aprobados mediante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz.El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, ha sido protagonista en la tarea de vigilancia y control a los recursos de las regalías, haciendo permanentes visitas a los territorios Foto: Fotos Contraloría General de la República24.07.2026 20:50 Actualizado: 24.07.2026 20:50

Cerca de 489 proyectos aprobados con recursos de regalías fueron priorizados para hacer seguimiento y control durante los últimos cuatro años, debido a la relevancia para el cierre de brechas sociales y regionales en el marco de la implementación de los acuerdos de paz.Estos proyectos, con recursos asignados por 6,5 billones de pesos, representan el 62 por ciento del total de recursos aprobados en OCAD Paz al cierre de julio del presente año y, en muchos casos, evidencian riesgos asociados a la planeación, ejecución y supervisión de las inversiones. En efecto, los hallazgos fiscales en este rubro ascendieron a $1,1 billones de pesos.Sumando otros proyectos de regalías, la Contraloría auditó en total 38,4 billones de pesos mediante 73 auditorías de cumplimiento, 205 actuaciones especiales de fiscalización y 14 seguimientos permanentes.De esta manera, el ente de control identificó 1.549 hallazgos fiscales por 4,4 billones de pesos desde el segundo semestre de 2022 hasta el cierre de julio de 2026, además de 2.225 hallazgos administrativos; 2.140 con presunta incidencia disciplinaria y 423 con presunta incidencia penal.Desafíos​Estos resultados muestran los desafíos estructurales que tiene el país en el modelo de inversión del Sistema General de Regalías, caracterizado en múltiples casos por la fragmentación de recursos en proyectos aislados, de alcance limitado y baja articulación territorial.Esta dinámica ha dificultado la consolidación de intervenciones integrales y sostenibles capaces de generar transformaciones estructurales en las regiones, particularmente en aquellas con mayores necesidades sociales y de infraestructura, dice la Contraloría, al tiempo que recomienda avanzar hacia esquemas de inversión más integrales y articulados, con capacidad de generar impactos sostenibles en innovación, sostenibilidad, productividad, capital humano y conectividad regional.Bajo esta mirada, el ente de control ha realizado estudios desde 2023 para identificar aspectos que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos de regalías y viene alertando sobre la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y de articulación de las instancias de decisión regional.El Sistema General de Regalías enfrenta una contradicción: distribuye recursos para inversión territorial, pero debilita parcialmente los instrumentos de estabilización frente a escenarios futuros de menor recaudo.De hecho, en el estudio sectorial de 2023, titulado ‘Análisis retrospectivo y prospectivo de la política económica de las regalías: claves para un buen gobierno’, la Contraloría evidenció que las regalías han sido concebidas como una oportunidad de financiación territorial derivada de la explotación de recursos naturales no renovables, pero su uso no siempre ha respondido a una visión estratégica de largo plazo.DIARI es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, unidad técnica de la CGR. Foto: Fotos Contraloría General de la RepúblicaVisión estratégica​La Contraloría encontró también que los recursos de regalías han tendido a orientarse hacia proyectos puntuales, particularmente de infraestructura, sin que necesariamente exista una articulación robusta con políticas públicas territoriales de mayor alcance que transformen capacidades productivas, sociales e institucionales.Una de las alertas técnicas más importantes del estudio está relacionada con la atomización de los recursos debido a que las reformas normativas ampliaron el acceso de más entidades territoriales al Sistema General de Regalías, generando una mayor dispersión de asignaciones, lo que podría reducir la capacidad transformadora del sistema.El estudio también advierte una tensión institucional: mientras aumentó el número de actores con acceso a las regalías, se redujeron o limitaron recursos asociados al funcionamiento, fiscalización, seguimiento, evaluación y control, lo que resulta crítico porque un sistema más amplio, descentralizado y con mayor número de ejecutores requiere, precisamente, mayores capacidades de vigilancia, asistencia técnica y control preventivo.Preocupa también el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) porque la reducción del componente de ahorro generó una alerta macrofiscal, teniendo en cuenta que las regalías provienen de recursos naturales finitos y expuestos a ciclos de precios, reservas y producción. Desde esta perspectiva, el Sistema General de Regalías enfrenta una contradicción: distribuye recursos para inversión territorial, pero debilita parcialmente los instrumentos de estabilización frente a escenarios futuros de menor recaudo.La paradoja de las regalías​Para profundizar en la problemática de las regalías, la Contraloría publicó en 2024 el estudio ‘La paradoja de las regalías en Colombia’, en el que muestra que los resultados territoriales no son proporcionales a la magnitud de la inversión que se realiza con recursos de regalías.La crítica principal se dirige a la ineficiencia del ciclo de proyectos, recordando que la aprobación de los mismos no garantiza impacto territorial. Por el contrario, cuando los proyectos carecen de adecuada estructuración, estudios previos robustos, sostenibilidad financiera, pertinencia territorial y capacidad ejecutora, el resultado puede ser la materialización de riesgos fiscales: retrasos, sobrecostos, obras inconclusas, baja operación de la infraestructura o pérdida de oportunidad en el uso de los recursos.El estudio identifica una problemática recurrente: la inversión con regalías puede estar respondiendo más a lógicas de ejecución presupuestal o visibilidad política que a diagnósticos técnicos sobre necesidades territoriales. Esto es particularmente grave debido a que las regalías deben cumplir una función compensatoria y redistributiva: convertir una renta extractiva no renovable en activos públicos duraderos, capacidades territoriales y cierre de brechas.Desde el punto de vista fiscal, el documento también introduce una crítica a la dependencia territorial de recursos externos. En varios municipios, las regalías se convierten en la fuente principal de inversión, mientras persisten debilidades en la generación de ingresos propios. Esto puede incentivar pereza fiscal, baja autonomía financiera y una dependencia estructural de una renta que no es permanente.Priorizar es factor clave​La segunda parte del estudio sobre la paradoja de las regalías, publicada el año pasado, profundiza sobre los problemas estructurales y propone una lectura más integral del Sistema General de Regalías para identificar prioridades y lograr que las inversiones impacten favorablemente la vida de las personas.Uno de los hallazgos más relevantes es la persistencia de la fragmentación estructural de la inversión. El estudio señala que el sistema mantiene una tendencia a financiar múltiples proyectos de bajo alcance.Un ejemplo crítico es el de La Guajira, donde se hicieron inversiones por más de 109.000 millones de pesos en la estructuración y/o mejoramiento de 49 parques, mientras persisten obligaciones asociadas a la Sentencia T-302 de 2017 en materia de agua potable, saneamiento básico, salud, seguridad alimentaria y educación para la comunidad Wayúu.Este caso, que deja en evidencia la falla a la hora de priorizar los proyectos, muestra que aunque la inversión puede ser legal y visible, no necesariamente es pertinente frente a las necesidades más críticas de un territorio.También se destaca un dato relevante sobre ejecución. Entre 2021 y 2022 se identificaron 5.426 proyectos aprobados, por valor de 23,3 billones de pesos, con un 37 por ciento de proyectos inconclusos o suspendidos, un tiempo promedio de ejecución de 18 meses y apenas 8 por ciento de proyectos estratégicos supradepartamentales. Es decir, el problema no está solo en aprobar más proyectos o aumentar el presupuesto, sino en mejorar la capacidad de culminarlos, integrarlos y generar impacto territorial.Sostenibilidad a largo plazo​El documento del año pasado enfatiza también en la necesidad de pasar de la lógica de la “obra suelta” a la del programa transformador. El SGR no debería limitarse a financiar proyectos aislados, sino a estructurar carteras de inversión articuladas a metas territoriales, indicadores de resultado, continuidad presupuestal y sostenibilidad operativa.En materia institucional, el estudio advierte que muchos municipios, especialmente de categorías cinco y seis, no cuentan con capacidades suficientes para formular, estructurar, contratar, supervisar y cerrar proyectos de alta complejidad. Esto genera una brecha entre la asignación de recursos y la capacidad real de gestión. En consecuencia, la descentralización de recursos sin asistencia técnica permanente puede profundizar riesgos de ineficiencia.Finalmente, el documento plantea que el seguimiento del SGR sigue demasiado concentrado en ejecución física y financiera, pero no suficientemente en impactos y resultados.Las auditorías de la CGR mejoraron el uso de regalías destinadas a 489 proyectos territoriales. Foto: Fotos Contraloría General de la RepúblicaPresiones sobre el recaudo​El debate de las regalías se conecta también con la transición energética porque, si el país avanza hacia una menor dependencia de hidrocarburos y minería, el SGR enfrentará presiones futuras sobre su recaudo. Por tanto, el sistema no puede seguir operando bajo una lógica de gasto fragmentado; debe priorizar inversiones que preparen a los territorios para escenarios de menor disponibilidad de regalías, diversificación productiva y sostenibilidad fiscal, recomienda la Contraloría en el estudio de 2024.La crítica de fondo es que el SGR no puede evaluarse únicamente por el monto aprobado o contratado. Es importante revisar resultados verificables: reducción de pobreza, mejora en acceso a servicios, productividad territorial, conectividad, sostenibilidad ambiental, operación efectiva de bienes públicos y fortalecimiento institucional. 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