Liberal sin neoLa legalidad del procedimiento no garantiza por ello el mejor resultado.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) ocupa una posición singular dentro del Estado. Su mandato consiste en fiscalizar el manejo de los recursos públicos, promover la probidad y contribuir al mejoramiento de la calidad del gasto. La ley le asigna un presupuesto equivalente a uno por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno, que la hace una institución con recursos, capacidad operativa e influencia política considerables. Su máxima autoridad, sin embargo, es electa por el Congreso, parte del mismo entramado estatal cuya gestión financiera y administrativa corresponde fiscalizar. La tensión entre independencia técnica y dependencia política está incorporada en el diseño institucional.
La Contraloría verifica el cumplimiento de normas, procedimientos y requisitos administrativos, pero esa labor difícilmente alcanza para valorar la productividad del gasto público. Dependencias que consumen cientos o miles de millones de quetzales pueden cumplir razonablemente con los procedimientos establecidos y al mismo tiempo, fracasar en los objetivos que justifican su existencia. La continuidad del gasto responde más a inercias burocráticas y acuerdos políticos que a una evaluación sistemática de resultados.
