CAR lanzó metodología para lograr un ordenamiento ambiental en los municipios

Creado paraHoy, 28 municipios de Cundinamarca, en función de su capacidad ecosistémica, no podrían crecer más, según el director de la CAR, Alfred Ballesteros.Chía es uno de los municipios que fue producto del desarrollo informal y que, luego, tuvo un proceso de legalización, según la CAR. Foto: CEET24.07.2026 17:28 Actualizado: 24.07.2026 17:28

Cuatro semanas de disminución de lluvias bastarían para que el 80 % de los municipios de Cundinamarca entren en un racionamiento de agua.Hoy, de hecho, hay municipios que ya se enfrentan a un racionamiento continuo de agua. En Anapoima, por ejemplo, tienen agua un día a la semana y en La Mesa les está llegando el recurso tres días a la semana lo que genera que las personas deban tener tanques de reserva inmensos o comprar el agua semanalmente a un carrotanque para poder preparar sus alimentos y atender sus necesidades. Bajo este contexto, de falta de recursos básicos como el agua, Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), alertó sobre una de las grandes problemáticas que enfrenta la región: la acelerada y desordenada expansión urbana ya ha sobrepasado la capacidad de los ecosistemas.Hoy, de acuerdo con el director de la CAR, 28 municipios de Cundinamarca, en función de su capacidad ecosistémica, no podrían crecer más, debido a que los procesos desordenados de crecimiento urbano, suburbano y rural, que se han gestado desde hace varias décadas, han afectado al ecosistema y han presionado el recurso hídrico.Además, una cuarta parte de los municipios cuentan con vulnerabilidad hídrica alta y 15 municipios registran altos niveles de riesgo frente al cambio climático.Conscientes de esta realidad, desde la CAR elaboraron una metodología que establece unos umbrales máximos de suburbanización más restrictivos en los municipios donde tiene jurisdicción la CAR (98 municipios de Cundinamarca, 6 de Boyacá y el área rural de Bogotá) - ver recuadro-.Lo diseñaron de la mano con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y “es el primer ejercicio con rigurosidad técnica y científica y, que de forma objetiva, nos va a permitir ordenar las zonas suburbanas y las zonas rurales en los departamentos de Cundinamarca y algunas de Boyacá”, precisó el director Alfred Ignacio Ballesteros. La presentación oficial de la metodología la hizo el director de la CAR, frente a algunos alcaldes y funcionarios de la región, en el marco del Foro: Diálogos para un ordenamiento responsable y sostenible en la jurisdicción CAR, organizado por la Casa Editorial EL TIEMPO en alianza con la CAR.Con esta metodología, los municipios podrán definir unos umbrales más restrictivos para la suburbanización con el objetivo de controlar el desarrollo de las viviendas campestres. “Es una decisión clara y concreta que el territorio requería desde hace 20, 30 o 40 años y que hoy es imprescindible ejecutarla en cada uno de los 104 municipios y que, ojalá, sirva de modelo para el resto del país”, añadió el director de la CAR.De esta manera, la metodología ofrece herramientas técnicas para que los alcaldes puedan tomar mejores decisiones y orientar un crecimiento suburbano compatible con los territorios y la naturaleza.Equilibrio entre el crecimiento urbano y la protección ambientalInvitados debatieron sobre cómo compatibilizar el desarrollo con la protección ambiental. Foto:Archivo ParticularAdemás de la presentación de esta metodología, el Foro abrió un espacio de diálogo entre diferentes actores sobre la importancia del ordenamiento ambiental del territorio y de cómo compatibilizar el crecimiento y desarrollo económico con la protección del patrimonio ambiental que sustenta la calidad de vida.En el panel, moderado por el editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, participaron Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca; Edwin Chiriví Bonilla, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca; Jusbleydy Vargas Rojas, contralora delegada y María Mercedes Maldonado, consejera de la CAR.Para el gerente Edwin Chiriví, en efecto un modelo de crecimiento soportado en la suburbanización no es sostenible en el largo plazo.Sin embargo, aclaró Chiriví, el problema radica más en la informalidad que se ha presentado en las zonas rurales. “Del total de licencias que hemos desarrollado, en los últimos 10 años, el 6 % han estado en suelo no urbano”, resaltó. Chiriví agregó que hay varios factores a tener en cuenta para tener un crecimiento ordenado: la infraestructura, la vivienda y los activos ambientales como el agua. Por ello, asegura que si la formalidad no atiende las necesidades de vivienda que tienen las personas, la informalidad lo hará de manera desorganizada y afectando los ecosistemas.A su turno, María Mercedes Maldonado, consejera de la CAR, aseguró que no cree que el problema radique únicamente en la informalidad. Para ella, también hay una deficiencia en las políticas de vivienda que ha tenido el país. “Las políticas de vivienda no llegan a los hogares de más bajos recursos”, precisó.Además, destacó que a la falta de agua que hay en algunos municipios de Cundinamarca se le suma otra carencia: la de saneamiento básico.Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca, aseguró que en parte la informalidad sí ha sido una de las causas del desorganizado crecimiento en los municipios y trajo a colación una cifra: “el 70 % del casco urbano de Chía de hoy fue producto del desarrollo informal que luego tuvo un proceso de legalización”, dijo, y advirtió que una de las soluciones es que deberían existir modelos regionales de ordenamiento de territorio.“Porque pueden haber municipios que hoy tengan una vocación exclusiva de garantizar agua y conservación, otros que ofrezcan calidad de vida y otros con vocación industrial y eso hay que discutirlo con visión regional y no pensarlos como islas”, precisó Ballesteros.Jusbleydy Vargas Rojas, contralora delegada, hizo un llamado a los municipios a ejercer un control de los territorios, así como un control ambiental.“Desde la Contraloría también estamos muy preocupados por el cambio climático, por el Fenómeno de El Niño y me preocupa, aún más, que algunos alcaldes no estén realizando conscientemente la tarea de ordenamiento territorial”, resaltó Vargas y recordó que desde la Contraloría también hacen un control ambiental fiscal basado en unos principios de desarrollo sostenible.Derecho a la viviendaEdwin Chiriví Bonilla, gerente de Camacol, también llamó la atención sobre cómo desde el sector formal de construcción pueden aportar a la sostenibilidad y aseveró que el derecho a la vivienda también se debe garantizar.Chiriví resaltó que, sin duda, existe una falta de infraestructura en los municipios (abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, movilidad, etc.). “No hay un municipio que tenga asegurado eso a futuro”, precisó y agregó que no es posible que obras como las PTAR( Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales) y soluciones de movilidad lleguen después de la urbanización.María Mercedes Maldonado, consejera de la CAR, aseguró que si bien también se debe garantizar el derecho a la vivienda, este va más allá de la infraestructura en sí. “La vivienda es un conjunto de factores: acceso a servicios públicos, a movilidad, con una adecuada localización, con condiciones de habitabilidad y que los ciudadanos puedan pagarla”, precisó Maldonado y agregó que esas condiciones excluyen a gran parte de la población.Mientras que Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca, explicó que las normas son muy laxas y se quedan cortas en cuanto a las obras que deben hacer los constructores como compensación ambiental.“Hay proyectos, como Lagos de Torca, uno de los más grandes de los últimos años, que tienen cargas y beneficios en materia ambiental, pero los pagos ambientales que deben hacer, los van a hacer cuando hayan vendido todo y las obras ambientales para restaurar la conectividad ecosistémica también las están difiriendo a 15 y 20 años”, alertó Ballesteros, por lo que dijo que es necesario revisar las cargas y beneficios frente a las necesidades de infraestructura que generan los nuevas proyectos de vivienda y que los constructores deberían prever y asumir esos gastos de acceso a servicios, movilidad y compensación ambiental antes de realizar un proyecto.Finalmente, Jusbleydy Vargas Rojas, contralora delegada, invitó a los alcaldes a tener en cuenta el nuevo modelo lanzado por la CAR para lograr un desarrollo sostenible. “Que tengan en cuenta su ordenamiento territorial y le den un enfoque ambiental importante, que haya una compensación real y que no se haga un crecimiento indiscriminado. Esta metodología es ejemplarizante y la Contraloría hará vigilancia y control”, concluyó la contralora delegada.¿Cómo funciona la metodología?La metodología de la CAR y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional es una herramienta que le permite a cada municipio fijar las condiciones para la adopción de umbrales máximos de suburbanización y definir las densidades máximas de suelo suburbano.Su objetivo es lograr un ordenamiento ambiental del territorio de forma sostenible que integra criterios de protección, conservación y uso racional de los recursos. Así mismo, busca orientar los procesos de planificación ambiental territorial hacia modelos que aseguren el uso sostenible de los recursos.Su contenido fue fruto de un proceso de construcción colectiva entre actores locales y representantes de los municipios de la jurisdicción.Más Contenido*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de la Corporación Autónoma Regional (CAR). 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