El Estado del bienestar se sostiene sobre un delicado equilibrio. Por un lado, tiene la obligación moral y legal de proteger a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Por otro, debe administrar con el máximo rigor los recursos que aportan millones de contribuyentes. Cuando cualquiera de esos dos pilares falla, se resiente la confianza en todo el sistema.
La confesión del propio Gobierno Vasco, quien ante la demanda de información del Partido Popular acerca del control de las ayudas reconocía que Lanbide -el Servicio Público Vasco de Empleo-, tenía dificultades para localizar a 41.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), merece una reflexión que va mucho más allá de una mera incidencia administrativa. Es una llamada de atención sobre la calidad de la gobernanza pública, porque además de suponer un grave perjuicio económico, incumple el principio de buena administración.
Y es que durante este año, Lanbide ha tenido que recurrir a decenas de miles de notificaciones mediante el Boletín Oficial del País Vasco al no conseguir localizar personalmente a sus destinatarios. La publicación oficial constituye un mecanismo plenamente legal, pero también representa el reconocimiento de que los canales ordinarios de comunicación han dejado de funcionar en un número muy significativo de expedientes.
