El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila durante la noche de este jueves 23 de julio debido a la gravedad de los incendios forestales que afectan a ambos territorios. Se trata de la segunda vez que se activa esta medida en España, tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril de 2025 con motivo del apagón eléctrico. En aquella ocasión, la declaración se aplicó en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Pais Valencià, a petición de las comunidades autónomas.PublicidadLa inclusión de Ávila en la declaración de emergencia responde a una decisión adoptada por el propio Ministerio del Interior tras evaluar la evolución de los incendios registrados en la zona. La solicitud inicial partió de la Comunidad de Madrid, pero el Gobierno decidió ampliar el alcance territorial de la emergencia para incorporar también esta provincia de Castilla y León, pese a que la Junta no había presentado una petición formal para ello.Esta posibilidad está recogida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, concretamente en su artículo 29, que establece que el ministro del Interior puede declarar una emergencia de interés nacional por iniciativa propia o a petición de las comunidades autónomas afectadas. De esta forma, la normativa permite al Gobierno ampliar la declaración cuando considera que la magnitud de la situación requiere una coordinación estatal.Según explicaron a EFE fuentes del Ministerio, la decisión de incluir Ávila se debe a la gravedad de los incendios y a la necesidad de articular una respuesta conjunta ante una emergencia que afecta a territorios próximos. Publicidad¿Qué es la emergencia de interés nacional y cuándo se declara?La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil considera emergencias de interés nacional aquellas situaciones de especial gravedad que requieren una respuesta coordinada por parte del Estado. Se declara cuando la emergencia afecta a varias comunidades autónomas, exige movilizar recursos de distintas administraciones o necesita una dirección de ámbito nacional para garantizar una respuesta eficaz. También puede activarse cuando resulta necesaria la aplicación de los estados de alarma, excepción o sitio previstos en la legislación.La emergencia de interés nacional permite que el Estado asuma la coordinación de la crisis cuando la magnitud del suceso supera el ámbito de actuación de una sola administración. Su declaración corresponde al titular del Ministerio del Interior, que puede adoptarla por iniciativa propia o a petición de las comunidades autónomas afectadas. Cuando la iniciativa parte del Ministerio del Interior, la ley establece que debe informar previamente al territorio afectado, siempre que ello no retrase la respuesta ni comprometa la eficacia de las actuaciones.Publicidad¿Quién toma la dirección de los incendios?Cuando se declara una emergencia de interés nacional, la dirección de los incendios pasa a depender del Ministerio del Interior. En concreto, es el ministro del Interior quien asume la coordinación de todas las actuaciones necesarias para hacer frente a la emergencia, tal y como establece la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.Con la declaración de emergencia de interés nacional, la Unidad Militar de Emergencias (UME) pasa a asumir la coordinación del operativo contra los incendios. La UME, el cuerpo especializado de las Fuerzas Armadas, se activa en situaciones de especial gravedad, como grandes incendios forestales o cuando se necesita una respuesta conjunta de medios estatales y autonómicos. A partir de ese momento, los equipos de extinción de las comunidades autónomas continúan trabajando sobre el terreno, pero bajo la coordinación establecida por el dispositivo estatal.¿Qué cambia a partir de ahora en la gestión del fuego?La declaración de una emergencia de interés nacional supone que el Gobierno considera que la situación tiene una gravedad excepcional y requiere una respuesta coordinada a nivel estatal. También puede producirse cuando las comunidades autónomas afectadas entienden que la magnitud de la emergencia supera su capacidad de actuación y solicitan el apoyo del Estado. Esta medida no implica la suspensión de derechos constitucionales, pero sí permite que la Administración General del Estado asuma la coordinación de la emergencia.Entre sus principales efectos, la declaración agiliza la gestión de la crisis, ya que permite movilizar con mayor rapidez recursos y fondos públicos, simplificar determinados trámites administrativos y coordinar de forma inmediata la actuación de las distintas administraciones. Además, activa un marco de respuesta estatal en el que la UME puede asumir la coordinación operativa del dispositivo de intervención, reforzando las labores de extinción, evacuación y protección de la población junto a los servicios autonómicos.La declaración también proporciona el marco legal necesario para adoptar medidas extraordinarias y, si fuera necesario, facilita la solicitud de ayuda internacional para reforzar la respuesta frente a la emergencia.¿Cómo afecta la declaración de emergencia nacional a los ciudadanos?La declaración de una emergencia de interés nacional no implica por sí misma nuevas restricciones para la población, pero sí supone que el Estado asuma la coordinación de todas las actuaciones para proteger a las personas y los bienes. A partir de ese momento, las decisiones sobre evacuaciones, confinamientos, cortes de carreteras o movilización de recursos se adoptan de forma coordinada entre las distintas administraciones bajo la dirección del Ministerio del Interior.Para los ciudadanos, esto se traduce en una respuesta más unificada ante la emergencia, especialmente cuando el incendio afecta a varias comunidades autónomas o supera la capacidad de actuación de una sola de ellas. Además, pueden incorporarse más medios humanos y materiales procedentes de otros territorios o de la Administración General del Estado para reforzar las labores de extinción, rescate y asistencia a la población.PublicidadDurante este tipo de emergencias, las autoridades insisten en seguir las indicaciones de Protección Civil y de los cuerpos de seguridad, respetar las órdenes de evacuación o confinamiento y evitar acceder a las zonas afectadas. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia mientras se controla la situación.¿Cuándo se desactivará la emergencia nacional?La emergencia de interés nacional permanecerá activa hasta que desaparezcan las circunstancias que motivaron su declaración. Su desactivación se realizará mediante un acuerdo de la Dirección del Plan Estatal General de Emergencia de Protección Civil, una vez que la situación quede controlada y ya no sea necesaria la coordinación extraordinaria del Estado.PublicidadMientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) para seguir sobre el terreno la evolución de los incendios que afectan tanto a la Comunidad de Madrid como a la provincia de Ávila y coordinar las actuaciones de los distintos servicios de emergencia.La última emergencia nacionalAntes de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios de Madrid y Ávila, la única vez que el Gobierno recurrió a esta medida fue el 28 de abril de 2025, tras el apagón eléctrico que afectó a buena parte de la Península Ibérica. La decisión se adoptó después de que varias comunidades autónomas solicitaran la intervención del Estado ante la magnitud de la incidencia.En aquella ocasión, el corte masivo del suministro eléctrico provocó importantes alteraciones en servicios esenciales como el transporte, las telecomunicaciones y la actividad hospitalaria, lo que llevó al Ejecutivo a activar este mecanismo excepcional para coordinar la respuesta y movilizar los recursos necesarios desde la Administración General del Estado.La evolución de los incendios en Madrid y Ávila determinará cuánto tiempo permanece activa esta medida excepcional. Hasta que la situación quede estabilizada, la prioridad será mantener una respuesta coordinada entre todas las administraciones para proteger a la población, contener el avance de las llamas y facilitar una recuperación lo más rápida posible de las zonas afectadas.