El pleno del Conssejo General del Poder Judicial ha decidido, por 11 votos contra 10, avalar el traslado forzoso de magistradas y magistrados, entre ellos Luís Villares, en su día líder de En Marea -una alianza de formaciones políticas soberanistas y de izquierdas. Según la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de la que Villares forma parte, la ajustada votación “evidencia las dudas sobre la legalidad del proceso”. También critica el corporativismo del órgano judicial al respaldar “la decisión arbitraria” de la presidenta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y rechazar dos recursos contrarios, presentados por la asociación y por Villares.
Juezas y Jueces para la Democracia asegura además que la mencionada presidenta, Azucena Recio González, “obvio el procedimiento debido” al apartar a los magistrados y magistradas -cuatro- sin ni siquiera darles audiencia. La asociación progresista, que alerta contra el dominio conservador mayoritario del CGPJ, entiende que en los hechos relativos a este traslado forzoso se dirime también “qué ámbito de poder es atribuido a quien detenta las presidencias de sala precisamente por decisión del propio Consejo General”. El rechazo a los recursos, añade, busca “evitar el control al poder interno que, en casos como este, se ejerció de forma despótica”.
