Tras su etapa como consellera de Justicia, Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, 1978) ha vuelto a la academia, pero no se ha encerrado en el despacho. Muestra de ello es el libro Contra el castigo (Bellaterra Edicions), un ensayo en el que Ubasart impugna y plantea alternativas a la ola de punitivismo que recorre platós de televisión y parlamentos y que ha impactado hasta en partidos progresistas.
En su libro hay números que llaman la atención: España tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de la UE pese a que sus cifras de criminalidad son bajas. ¿Por qué?
El problema es la duración efectiva de las penas de prisión, que en el Estado llega a cuadruplicar la de los países nórdicos. Esto hace que haya 117,2 presos por cada 100.000 habitantes con una de las tasas de criminalidad, en especial de delitos graves, más baja de la Europa de los 15. Pasar más tiempo en la cárcel es más fácil en España que en países del entorno, y se debe a que el Código Penal está inflado.
Las propuestas políticas avanzan en la dirección contraria: crear más delitos y endurecer los ya existentes.
El Código Penal del 1995 ha crecido casi solo en una dirección: ha tipificado cada vez más delitos y ha endurecido las penas. En una obra de 2013, el catedrático José Luíz Díez Ripollés repasaba 25 reformas inflacionarias del Código Penal. El otro día, la magistrada Carme Guil me dijo que a día de hoy ya son 50. Además, la ejecución de las penas cada vez es más dura y dirigida hacia el internamiento.
