El juzgado contencioso administrativo número 14 anula la decisión del rector de la Universitat de Barcelona (UB) de suspender de empleo a una profesora de Sociología, implicada en los presuntos abusos del catedrático Ramón Flecha, y obliga a la institución a reponer “el pleno ejercicio de sus funciones docentes, investigadora y de gestión de las que fue suspendida provisionalmente”.Según la sentencia, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, la juez dictamina que la UB vulneró los derechos de la catedrática Lidia Puigvert, amparados en el artículo 24.2 de la Constitución, al no ser escuchada antes de que la universidad tomara la decisión de apartarla de su trabajo. Solo pueden tomarse medidas cautelares de esta índole, sin dar audiencia previa al trabajador, si se da un parámetro especial de urgencia, circunstancia inexistente en este caso.Con esta, son dos las sentencias que declaran nulas las medidas cautelares dictadas por el rector de la UB el pasado mes de diciembre. El primer fallo, dictado en junio, se refiere a la catedrática Marta Soler, también estrecha colaboradora de Flecha, a la que tampoco se dio audiencia antes de tomar esa decisión.La juez no pone en cuestión la necesidad de las cautelares sino la forma en que fueron adaptadasEl rector decidió apartar a estas dos catedráticas de forma preventiva al conocer el resultado del informe de una comisión de expertos, impulsada por él mismo seis meses por una denuncia de 16 investigadoras, que advirtió sobre posibles abusos sexuales y laborales en la UB, presuntamente cometidos por el catedrático Ramón Flecha y su entorno. La comisión, que avanzó el resultado antes de lo previsto, pidió al rector que tomara “medidas urgentes” dada la repetición de declaraciones y documentos que daban un reiterado dibujo de hechos graves. El rector trasladó a Fiscalía estos indicios que están en proceso de investigación penal y, paralelamente, apartó a las catedráticas de sus puestos laborales manteniendo el sueldo. Ambas recurrieron.En el nuevo fallo, la juez reconoce expresamente que su resolución aplica el criterio ya fijado por su compañero de juzgado en el caso Soler, invocando el principio de unidad de doctrina y la necesidad de garantizar la igualdad en la aplicación de la ley. Y recoge parte de la sentencia en la que el magistrado subraya la gravedad de las denuncias. Explicita que se investigan “conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato habitual y psicológico, manipulación del pensamiento y de la conducta, explotación profesional o de servitud e intelectual en beneficio de su líder o del grupo, presiones, humillaciones, castigos, dominación emocional, etc.”. Asimismo, descarta -como ya hizo la sentencia de Soler- que se vulnerara su derecho a la presunción de inocencia.​La UB escuchará, como ya ha hecho con una profesora anterior, a esta catedrática y los servicios jurídicos valorarán una nueva apertura de cautelaresLos dos magistrados subrayan la proporcionalidad e idoneidad de las cautelares, recordando que los indicios de conducta de apariencia delictiva pueden poner en peligro o riesgo a miembros de la comunidad y también dificultar la investigación judicial o administrativa sobre lo sucedido. Pero recuerdan que era necesaria la previa audiencia de las trabajadoras. Destacan asimismo la trascendencia que para un funcionario público tiene la suspensión de funciones en su propio trabajo como en el ámbito personal y familiar.Fuentes de la UB subrayan que ambas sentencias, dictadas por jueces distintos, avalan la proporcionalidad e idoneidad de las medidas cautelares adoptadas contra las dos catedráticas, y que solo estiman los recursos en lo referente a la falta de audiencia previa. Según las mismas fuentes, la universidad está ejecutando la sentencia dando audiencia a las afectadas. En el caso de Soler, la UB ya ha cumplido con este trámite y ha recabado sus alegaciones; corresponde ahora a los servicios jurídicos de la universidad valorarlas y decidir si procede adoptar una nueva medida cautelar. Para Puigvert, la institución seguirá el mismo procedimiento: le dará audiencia para que presente las alegaciones que considere oportunas, antes de resolver si se adopta o no una nueva suspensión cautelar.La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la misma vía que la UB baraja utilizar contra el fallo del caso Soler.La juez ha desestimado la pretensión de la defensa de Puigvert de condenar a la UB a realizar un comunicado institucional que “repare la honorabilidad y reputación” de la profesora. La sentencia recuerda que el objeto del pleito se limita a determinar si la resolución administrativa impugnada vulnera los derechos fundamentales -presunción de inocencia y tramitación del procedimiento con garantías- por lo que restituye el pleno ejercicio de sus funciones docentes, pero no le compete “la imposición de obligaciones institucionales ajenas a la resolución”.La sentencia ha sido bien recibida por el entorno de CREA que se ha hecho eco de la misma en las redes sociales. La web Diario Feminista, próxima al grupo CREA, publicó un artículo que enmarca ambas sentencias como los dos únicos pronunciamientos judiciales hasta la fecha en relación con lo que describe como 16 acusaciones anónimas contra un grupo de académicas feministas. El texto recoge que las afectadas consideran lo ocurrido un caso de “violencia aisladora” contra ellas. Estas dos sentencias resuelven únicamente la vía administrativa abierta por las profesoras contra su suspensión cautelar, al margen de la investigación penal que sigue su curso. La Fiscalía de Barcelona continúa investigando las denuncias presentadas por antiguos integrantes de CREA contra Flecha y su entorno por presuntas prácticas de coerción sexual, abuso de poder, manipulación psicológica y explotación laboral. Seis meses después de la apertura de las diligencias, el Ministerio Público sigue tomando declaración a las presuntas víctimas.Periodista. Ha trabajado en las secciones de Política, Economía, Opinión y Cultura de La Vanguardia. Desde hace unos años cubre informaciones de Educación y Universidades en SociedadEscribe en A fondo, sección de reportajes e investigación. Anteriormente fue redactora en la sección Internacional (2006-2021). Licenciada en Periodismo y graduada en Estudios Internacionales por la UAB