0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialLas profesoras de Sociología de la Uinversitat de Barcelona (UB) Marta Soler y Lidia Puigvert, suspendidas de empleo en diciembre por su presunta participación en supuestos delitos muy graves del entorno de CREA, liderado por el catedrático Ramon Flecha, se han reincorporado a sus puestos de trabajo, después de que dos juzgados de Barcelona determinaran que la universidad no respetó el derecho fundamental de las funcionarias a ser oídas antes de imponer las medidas cautelares.Así lo han hecho saber las afectadas a través de las redes sociales como X. La catedrática Marta Soler, ex jefa del departamento de Sociología, señaló en un tuit: “El muy cruel linchamiento mediático que hemos sufrido las feministas que sí apoyamos a todas las víctimas no ha logrado su objetivo”, haciendo referencia a la sentencia de los juzgados 7 y 14 del Contencioso Administrativo de Barcelona que obliga a la UB a readmitirlas. El regreso a sus despachos podía producirse con normalidad en cualquier momento. No obstante, según fuentes de la UB, las circunstancias que llevaron a la universidad a tomar las medidas cautelares no han cambiado y las propias sentencias las avalan. Los juzgados de Barcelona determinaron que la UB vulneró el derecho fundamental de las funcionarias al no escucharlas antes de suspenderlas de empleo. No obstante en ambas sentencias se indica que no se cuestiona la decisión de la universidad de apartarlas del entorno de trabajo, ante la gravedad de los presuntos delitos, y hasta que la investigación de la Fiscalía esclarezca los hechos. El rector decidió apartar a Soler y a Puigvert de forma preventiva al conocer el resultado del informe de una comisión de expertos, impulsada por él mismo seis meses antes tras la denuncia de 16 investigadoras, que advirtió sobre posibles abusos sexuales y laborales en la UB, presuntamente cometidos por el catedrático Ramón Flecha y su entorno. La comisión, que avanzó el resultado antes de lo previsto, pidió al rector que tomara “medidas urgentes” dada la repetición de declaraciones y documentos que daban un reiterado dibujo de la posible existencia de “un grupo coercitivo de alto control”. El rector trasladó a Fiscalía estos indicios que están en proceso de investigación penal y, paralelamente, apartó a las catedráticas de sus puestos laborales manteniendo el sueldo. Ambas recurrieron.Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha aprobado la prolongación hasta finales de enero de la investigación que encabezan los fiscales Félix Martin y Elisabet Jiménez dentro de la nueva sección pionera para la protección de la infancia, la adolescencia, personas con discapacidad y situación de vulnerabilidad.Se trata de un supuesto caso de coerción sexual y abuso de poder, en el que la presión del grupo, bajo el liderazgo de Flecha y con el apoyo de dirigentes destacadas, acabó doblegando presuntamente la voluntad de algunas mujeres, de las que el catedrático obtenía beneficios sexuales, laborales y académicos.Periodista. Ha trabajado en las secciones de Política, Economía, Opinión y Cultura de La Vanguardia. Desde hace unos años cubre informaciones de Educación y Universidades en SociedadEscribe en A fondo, sección de reportajes e investigación. Anteriormente fue redactora en la sección Internacional (2006-2021). Licenciada en Periodismo y graduada en Estudios Internacionales por la UAB