Rosa le ha hecho dos pedidos concretos a su esposo en caso de que sea deportada desde a Estados Unidos a Guatemala: que le mande sus ollas y que ahorre para sus gastos fúnebres. “A morir me iría”, comentó al diario El País esta mujer indocumentada que desde enero lucha para recuperarse de un derrame cerebral que casi le quita la vida. El gobierno de Donald Trump la tiene en la mira: recibió por correo una multa de 1,8 millones de dólares por no haber acatado, desde 2013, una orden de salida voluntaria del país.El de Rosa no es un caso aislado. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citados por Bloomberg Law, entre el 20 de enero de 2025 y mediados de marzo de 2026 se emitieron 65.101 notificaciones de sanciones civiles. La suma total de estas deudas asciende a más de 36.000 millones de dólares.Estas penalizaciones se fundamentan en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996, que permite cobrar hasta 998 dólares por cada día que el migrante permanezca en Estados Unidos tras una orden final de remoción.Redada de las uutoridades de inmigración en una planta de fabricación de Hyundai en Ellabell, Georgia, el 5 de septiembre de 2025. Europa Press/Contacto/ATF Atlant Este miércoles, The New York Times actualizó la cifra de notificaciones. Según el periódico, más de 100.000 personas han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional informándoles de que deben pagar 998 dólares por cada día que han permanecido en Estados Unidos, después de que un juez de inmigración dictaminara que no tienen derecho legal a seguir en el país.Si bien las multas por desobedecer una orden de expulsión están permitidas desde la aprobación de la legislación migratoria en 1996, hasta la llegada de Trump, ningún presidente había impuesto tales sanciones. El intento de hacerlo durante su primer mandato se topó con obstáculos logísticos y nunca prosperó, apunta el Times.El mecanismo se implementó durante la primera administración de Trump, aunque fue una iniciativa infructuosa, puesto que la mayoría de las multas fueron devueltas por no poder entregarse por correo, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recaudó un total de solo 4.215 dólares, lo que llevó a que fuera suspendido en 2021, durante el gobierno de Joe Biden, detalla Bloomberg.Pero tras regresar a la Casa Blanca el año pasado e iniciar su campaña de deportaciones masivas, Trump ordenó “todas las medidas necesarias para garantizar la evaluación y el cobro de todas las multas y sanciones” a las personas indocumentadas.Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestan a extranjeros con antecedentes penales. Keith J. Gardner Ahora, con la administración buscando aumentar la presión financiera sobre los inmigrantes indocumentados, el ritmo de las multas se ha acelerado, según abogados de inmigración.Para los inmigrantes que reciben una notificación, esta representa un ultimátum angustioso: abandonar la vida que han construido o enfrentarse a la ruina financiera si el gobierno emprende acciones para cobrar la deuda. Incluso dentro del plazo legal de cinco años, las multas acumuladas pueden alcanzar los 1,8 millones de dólares por persona.The New York Times da cuenta del caso de Vivi Vásquez, una inmigrante mexicana que reside en Estados Unidos desde hace 17 años y tiene una solicitud de visa humanitaria en trámite. Con un permiso de trabajo, ha trabajado legalmente en una tienda de conveniencia y ha cuidado a personas mayores.Esperando una actualización sobre su solicitud de visa, Vásquez abrió un sobre que le llegó en abril con el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional. En lugar de noticias sobre su visa, encontró una carta modelo en la que el gobierno había marcado una casilla junto a una declaración que indicaba que ella se había negado intencionalmente a salir de Estados Unidos.Según el documento, revisado por The New York Times, debía al gobierno 1.820.352 dólares. Dentro del mismo sobre había un folleto titulado “Autodeportación con CBP: Regresa a casa y vete cuando quieras”, en referencia a una aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta aplicación ofrecía la condonación de todas las multas a quienes la usaran para autodeportarse.“No podía dormir y me ponía nerviosa cada mañana al salir de casa para ir a trabajar”, dijo Vásquez, quien tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos, de 10, 12 y 14 años.Rosa, de Guatemala, también tiene una deuda de 1.820.352 dólares con el gobierno de Estados Unidos, una cifra que su marido -el único sostén del hogar- tardaría casi 38 años en pagar si destinara íntegro su salario mensual de 4.000 dólares. Él trabaja como bombero en una estación de servicio y la mitad de sus ingresos se esfuman en el arriendo de la vivienda. También es indocumentado. “No tengo dinero ni para mandar mis cosas para irme a mi país”, exclama Rosa con la voz debilitada. El DHS, sin embargo, ha fijado un plazo de apenas 15 días para pagar. La única alternativa que le ofrece para cancelar la sanción económica es abandonar el país cuanto antes.“Crear un entorno tan insoportable”La estrategia del DHS consiste en imponer multas de hasta 1.000 dólares por cada día que un migrante ha permanecido en Estados Unidos después de recibir una orden de salida voluntaria. El castigo tiene un límite de cinco años. Por eso muchos adeudan la misma cifra: 1,8 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno de Trump advierte que la deuda puede seguir creciendo debido a “intereses, gastos administrativos y multas por montos vencidos”.Desde la primavera de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a enviar cartas notificando estas sanciones económicas. Pero no está claro si la medida ha dado los resultados esperados, apunta El País. “Nuestro mensaje es claro: los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país deben marcharse ahora o enfrentar las consecuencias”, señaló el DHS en una breve declaración.Migrantes solicitantes de asilo hacen fila en El Paso, Texas, el 3 de octubre de 2022. PAUL RATJE Organizaciones defensoras de los migrantes aseguran que la Administración de Trump ha decomisado salarios de personas con estas deudas. Otras medidas contempladas por el DHS, según advierten las cartas, incluyen remitir los adeudos a agencias privadas de cobro; reportarlos a entidades financieras, lo que podría afectar negativamente el historial crediticio; o transferir los casos al Departamento de Justicia para iniciar litigios. También advierte que tomará en cuenta los incumplimientos para rechazar futuros procesos de regularización migratoria. Asimismo, se han confiscado reembolsos de impuestos.“El gobierno puede intentar tomar dinero de los cheques de pago, poner un lien (un gravamen que convierte un bien en garantía de pago) sobre una casa, o quizá sobre cuentas bancarias”, Raquel Kuronen, abogada especializada en inmigración, en declaraciones a El País. “Es parte de la estrategia del gobierno de Trump, que busca presionar a los inmigrantes por distintas vías”.Los abogados que defienden a migrantes con estas deudas están construyendo sus casos sobre tres argumentos: demostrar que sus clientes no han sido una carga pública, que nunca supieron que las multas podrían escalar con los años hasta alcanzar cantidades millonarias y que existieron circunstancias apremiantes que les impidieron regresar a sus países. “Queremos probar que no fue algo deliberado, que tal vez nunca recibieron el aviso de la corte cuando se emitió una orden de deportación en ausencia (sin la presencia del migrante). Quizá estaban enfermos, encarcelados, tenían un familiar enfermo, algo pasó”, explica Kuronen.Un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas monta guardia mientras familias migrantes se rinden tras cruzar el río Grande hacia Estados Unidos desde México en Eagle Pass, Texas, el 29 de julio de 2023. ADREES LATIF Hasan Shafiqullah, abogado de la The Legal Aid Society, que representa a varios de los afectados en estos litigios, dijo a Bloomberg Law que el objetivo de la política del gobierno estadounidense es “crear un entorno tan insoportable para quienes carecen de estatus legal que no les quede otra opción que la autoexpulsión”. Esta organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, junto con Public Justice, el Centro de Educación e Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (Raices) y otras iniciativas, han presentado demandas argumentando que las multas violan el debido proceso, al imponerse sin un juicio ni un análisis individualizado de las circunstancias del migrante.