Dos mujeres guatemaltecas regresaron al país creyendo que habían dejado atrás sus problemas migratorios en Estados Unidos. Sin embargo, días después seguían recibiendo cartas en las que el Departamento de Estado les reclamaba multas de US$1.8 millones y US$2.3 millones, respectivamente, por permanecer en territorio estadounidense después de que se emitiera una orden final de deportación.
Los casos fueron atendidos por Ana Gabriela Urízar, abogada guatemalteca especializada en temas migratorios en Estados Unidos, quien afirmó que en los últimos meses ha conocido 10 expedientes de inmigrantes que han recibido sanciones millonarias con base en una ley que permaneció sin aplicarse durante décadas.
"Me han llegado cartas de US$1.8 millones, de US$2 millones y de US$3 millones. Es una ley que había estado dormida durante las últimas seis décadas, y ahora esta administración la está utilizando", explicó Urízar.
La abogada indicó que ambas mujeres regresaron voluntariamente a Guatemala a inicios del 2026, después de recibir las notificaciones. No obstante, las notificaciones siguieron llegando y las multas aumentando, por lo que buscaron asesoría legal.
Urízar envió al Departamento de Estado evidencia de que las dos mujeres ya habían abandonado Estados Unidos, junto con una solicitud para que se les perdonara la deuda. Sin embargo, aclaró que ese procedimiento no garantiza que las autoridades anulen las sanciones.
