El plant�n del PP y Vox ha impedido celebrar esta ma�ana la Conferencia Sectorial de Migraci�n prevista para abordar, principalmente, el controvertido proceso de regularizaci�n de personas migrantes que ha desbordado todas las estad�sticas al presentarse m�s de un mill�n y medio de solicitudes. El Gobierno hab�a convocado a las comunidades para presentar el tr�mite y abrir as� un di�logo con las autonom�as pero los dos partidos han decidido no legitimar ese proceso. El principal punto era realizar un balance y establecer una coordinaci�n en materia migratoria pero la falta de qu�rum lo ha impedido. Los 'populares' han justificado su decisi�n acusando al Ejecutivo de Pedro S�nchez de "deslealtad institucional" y fuentes del partido han calificado la reuni�n como una "simulaci�n". Sostienen que el Gobierno ya ten�a tomadas las decisiones y que la conferencia era s�lo un tr�mite. El PP tambi�n ha mostrado su malestar ante una pol�tica que considera "opaca e irresponsable" y entiende que el Ejecutivo pretend�a utilizar a las comunidades para avalar la regularizaci�n masiva sin haber negociado previamente con ellas. El PP, asimismo, rechaza la regularizaci�n extraordinaria porque considera que puede generar un "efecto llamada" y aumentar la presi�n sobre los servicios p�blicos. "No participamos porque el Gobierno no quiera negociar, sino que utiliza a las comunidades para avalar una regularizaci�n masiva ya decidida". Los populares consideran que el Ministerio "oculta actas y grabaciones" de las comisiones preparatorias y que los documentos que se han remitidos son una "suerte de s�ntesis interpretativa en lugar de una transcripci�n literal", lo que "pervierte el debate democr�tico". "Sin coordinar, negociar ni acordar"A su juicio, se ha producido una ocultaci�n de informaci�n sobre la regularizaci�n, ya que el Gobierno "veta informaci�n clave" sobre la implementaci�n del Pacto Europeo de Migraci�n y Asilo (PEMA) y no ha facilitado estudios de impacto econ�mico sobre la "mayor regularizaci�n de inmigrantes de la historia". Las autonom�as del PP lamentan que estas pol�ticas impacten en sus servicios p�blicos "sin coordinar, negociar, acordar con nosotros". Los consejeros del PP critican que no se haya atendido la solicitud de las comunidades de compartir la "documentaci�n reservada" que existe sobre el proceso de regularizaci�n. En su declaraci�n, las regiones gobernadas por el PP afirman defender "una inmigraci�n legal y vinculada a las necesidades del mercado laboral". La regularizaci�n masiva impulsada por Pedro S�nchez tambi�n ha despertado los recelos de la Polic�a Nacional, cuyos altos mandos denunciaron en este peri�dico que se les hab�a apartado del proceso y alertaron de que en un a�o Espa�a asumir� tres millones de inmigrantes en situaci�n legal con sus familias. Los jefes de Extranjer�a basan su c�lculo en el efecto de las reagrupaciones familiares que prev�n que soliciten. Este asunto preocupa, y mucho, a los expertos en el �rea. "Por cada persona a la que se regularice su situaci�n, se suman otras tres, como m�nimo, si solicita y se concede una reagrupaci�n". Adem�s, los altos mandos del �rea han criticado muy duramente al Ejecutivo de S�nchez por apartar a la Polic�a Nacional "deliberadamente" del control de los tr�mites -es su competencia- para dejarlo en manos del Ministerio de Migraciones. Esta decisi�n, a su juicio, debilita los mecanismos de verificaci�n de autenticidad documental sobre las personas que est�n en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobaci�n err�nea, por ejemplo, de los antecedentes penales. La confusi�n sobre qui�n se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante a lo largo del proceso. La intervenci�n de las brigadas de Extranjer�a queda reducida pues, revelaron las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. "La Polic�a se limitar� a documentar las tarjetas validadas por Migraci�n". La Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras de la Polic�a Nacional alert� desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lament� de no haber recibido directrices sobre c�mo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una "urgencia social" y e incluso redact� un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la "urgencia" en la que se apoyaba Pedro S�nchez. El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras de la Polic�a Nacional, Alfredo Garc�a Miravete. "Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideraci�n por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos a�os, no parece que se trate de una situaci�n sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitaci�n urgente", razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso. En �l, advert�a de que una regularizaci�n de tal magnitud podr�a acarrear "efectos negativos significativos". Entre ellos citaba un posible "efecto llamada" para nuevos flujos migratorios irregulares, as� como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden p�blico. Hablaba incluso de la "desconfianza social� que se genera, apuntaba, "sobre gesti�n de fronteras". Insist�a, asimismo, en el riesgo de saturaci�n de servicios p�blicos como la sanidad, la educaci�n y los servicios sociales y pronosticaba que podr�an no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo. "Existe el temor en amplias capas de la poblaci�n de que una entrada masiva y r�pida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podr�an no tener la capacidad de absorci�n necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prev� la norma para perfeccionar la regularizaci�n es inversamente proporcional a la capacidad de absorci�n del Estado espa�ol", recog�a. Contemplaba que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su pa�s y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administraci�n intenta obtener la documentaci�n. En este tiempo los agentes han contabilizado "multitud" de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. Extranjer�a lleg� a incluso a emitir una alerta interna a trav�s de un oficio.