La VanguardiaBarcelona 23/07/2026 15:37 Actualizado 23/07/2026 15:46 Síguenos en Google0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialMás del 70 % de los casi 1,2 millones de aspirantes que presentaron su documentación para acogerse a la regularización extraordinaria abierta por el Gobierno ya han recibido la notificación que acredita que su caso ha sido admitido a trámite. La obtención de este documento significa que cuentan con una autorización provisional para vivir y trabajar en España a la espera de que reciban la autorización definitiva.La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha dado a conocer este dato este mediodía tras la suspensión de la reunión de la conferencia sectorial de la Inmigración después de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular hayan decidido no acudir a esta reunión lo que ha obligado a suspenderla por falta de quorum. No obstante, la ministra ha mantenido una reunión con los representantes de Navarra, Catalunya, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha que sí había acudido a la convocatoria hec ha por el ministerio.Una vez admitida a trámite una petición de regularización el aspirante ya recibe un permito provisional de residencia y trabajoLa ministra ha explicado que Saiz ha defendido el proceso de regularización abiertoy ha denunciado las “múltiples las piedras en el camino” que han puesto las comunidades del PP. En este sentido Saiz ha recordado que en la Comunidad de Madrid hay ya “más de 50.000 personas que están cotizando” a la Seguridad Social gracias a este proceso de regularización.De acuerdo con los últimos datos que se conocen de este procedimiento, hay unas 12.000 resoluciones de solicitudes vinculadas a la regularización que ya han sido aceptadas de forma definitiva.Por su parte, los gobiernos autonómicos gobernados por el PP, han hecho público un comunicado en el que a rechazan la política migratoria “opaca e irresponsable” del Gobierno. En contraposición, el principal partido de la oposición reclama un modelo que prime “una inmigración legal vinculada a las necesidades del mercado laboral, que atienda al principio de afinidad cultural y favorezca la integración”. También exige “el refuerzo del control de las fronteras, una coordinación real entre todas las administraciones y la aplicación inmediata y sin ambages de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”.Precisamente la aplicación en España del Pacto Europeo era uno de los asuntos que pretendía abordar el gobierno en esta reunión de la conferencia, la primera convocada en 16 mesesEl Pacto Europeo introduce cambios sustantivos en la política migratoria en todo el continente con mayores controles en las fronteras exteriores y con nuevas políticas, en teoría más ágiles de retorno de aquellos que han cruzado la frontera de modo irregular.Además, el Pacto introduce algunos cambios los mecanismos de solidaridad entre países que quedan obligados a hacerse cargo de los inmigrantes que han llegado a través de sus fronteras, pero también de asumir a la población migrante de otros países en situaciones de crisis migratoria.Los países que no quieran participar en los mecanismos de reparto tendrán que pagar a la Unión por cada inmigrante rechazado.Los gobiernos presididos por el PP han criticado precisamente que el Gobierno no ha hecho llegarles una documentación “clave” que, además, les “prometió” sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un estudio del impacto económico de la regularización sobre las comunidades y entidades locales y una cifra definitiva sobre cuántos inmigrantes serán finalmente regularizados.