Los gobiernos autonómicos del PP han decidido este jueves no participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración a la que les había convocado el Gobierno para abordar, entre otros asuntos, el balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, iba a presidir una reunión que no se ha podido celebrar por falta de cuórum ante la decisión de la mayor parte de los gobiernos del PP de no participar tras leer una declaración conjunta. Esa declaración tacha de "simulación" la reunión, acusa al Gobierno de "deslealtad institucional" y recalca el rechazo de las autonomías del PP a avalar una "política migratoria opaca e irresponsable".Según los consejeros del PP, el Gobierno ha ignorado todas las solicitudes de información de las autonomías y ni siquiera les ha entregado el acta y vídeo de la comisión sectorial previa. Los consejeros han asegurado que no se les ha dado ningún tipo de información sobre la implementación del Pacto Europeo de Inmigración en nuestro país, ni tampoco ningún estudio de impacto económico en las comunidades y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Asimismo, no se ha atendido la solicitud de las comunidades de compartir la "documentación reservada" que existe sobre el proceso de regularización. En su declaración, las regiones gobernadas por el PP afirman defender "una inmigración legal y vinculada a las necesidades del mercado laboral"."Una política migratoria que atienda al principio de afinidad cultural, el refuerzo de las fronteras, la coordinación entre las administraciones y la aplicación inmediata de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo", añaden. El Gobierno iba a hacer balance del proceso de regularización extraordinariaEl Gobierno pretendía abordar el balance del proceso de regularización extraordinaria, cuyo plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones. Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, 608.000 peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que implica que estos solicitantes tienen una primera autorización temporal para residir y trabajar en España, y ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000. Durante la reunión también se iba a tratar la implementación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto sobre el que autonomías como Canarias demandaron más información antes de la entrada en vigor del paquete normativo, el pasado 12 de junio, por sus implicaciones en procesos como el triaje a las personas que llegan de forma irregular al país. Entre los puntos del día también figuraban otros temas, como la evolución de la situación migratoria, el funcionamiento del sistema estatal de acogida y el desarrollo de las vías legales y ordenadas de migración.