Hace unas semanas, José (nombre ficticio) celebraba la firma de su primer contrato de trabajo en España. Después de casi un año en situación irregular, encadenando empleos inestables y abusivos en el sector de la construcción, el hombre había logrado un puesto con todos sus derechos reconocidos gracias al permiso provisional ligado a la regularización extraordinaria. Ahora, los retrasos en la tramitación de las solicitudes y la tardanza en el envío de instrucciones escritas por parte del Gobierno han hecho peligrar su empleo, así como el de otras personas en su situación, ante una interpretación sobre la validez de esta autorización de trabajo que varios abogados y el Ejecutivo califican de “errónea”.
“La empresa me ha avisado de que, si no recibo respuesta de mi solicitud, mi permiso de trabajo dejaría de estar activo y tendrían que interrumpir el contrato”, explica con preocupación. No es el único, ONG y abogados han alertado de los primeros despidos, la pérdida de oportunidades laborales o la imposibilidad de registrarse como demandante de empleo debido a esta misma interpretación y la falta de respuesta durante meses por parte del Ejecutivo.
“Este tema me tiene muy abatido, espero que se aclare, porque no es nuestra culpa que tarde en llegar tanto la respuesta”, decía el hombre, que buscó por distintos medios si había algún tipo de instrucción oficial por parte del Ejecutivo. No encontró nada al respecto, hasta este jueves. Para tratar de frenar este efecto, desupés de semanas de advertencias por parte de ONG, el Gobierno ha enviado a la comisión sectorial tripartita de inmigración, entidades colaboradoras, sindicatos, abogados y al SEPE una nota informativa donde aclara que el permiso provisional de residencia y trabajo ligado a la admisión a trámite de la regularización es válido hasta la resolución de la solicitud y que, en caso de no recibir respuesta en los tres meses de plazo establecidos, no se entenderá como desestimada de manera automática.
