Los tres meses que fija el real decreto para resolver las solicitudes de la regularización extraordinaria podrían quedarse cortos debido al elevado volumen de peticiones. No obstante, la norma contempla la posibilidad de suspender los plazos de tramitación en determinados supuestos, una vía que permitiría prolongar la resolución de los expedientes más allá del plazo inicialmente previsto.El Gobierno calculó inicialmente que la regularización extraordinaria podría beneficiar a unas 500.000 personas. Sin embargo, al cierre del plazo de solicitudes, el 30 de junio de 2026, los expedientes registrados rondaban ya los 1,2 millones. Cataluña, con 257.602 peticiones; Comunidad de Madrid, con 202.424; y Comunidad Valenciana, con 167.286 concentran el mayor volumen.
La cifra multiplica por dos y medio el impacto administrativo previsto, según el sindicato mayoritario de la Policía Nacional Jupol. El Ejecutivo asegura que el 52% de los expedientes ya están en tramitación y que cerca de 11.000 han recibido una resolución favorable definitiva.
La regularización extraordinaria está dirigida a personas extranjeras en situación irregular que ya se residían en España antes del 1 de enero de 2026. Además, los solicitantes deberán acreditar arraigo laboral, una oferta de empleo, un proyecto de actividad por cuenta propia, vínculos familiares o una situación de vulnerabilidad avalada por entidades autorizadas.
