Análisis Exclusivo suscriptores Las iniciativas incluyen una reforma tributaria, cambios al sistema de salud y un nuevo estatuto del trabajo, entre otras propuestas.Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia22.07.2026 17:58 Actualizado: 22.07.2026 17:58
A dos semanas y media de que termine el mandato de Gustavo Petro, su gobierno decidió no bajar el ritmo legislativo. Entre el 20 y el 22 de julio, el Ejecutivo radicó ante el nuevo Congreso de la República ocho proyectos de ley que retoman, casi en su totalidad, reformas que ya habían sido presentadas en legislaturas anteriores y que no lograron convertirse en ley. Pero hoy, no habría ambiente. El actual periodo presidencial termina el 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma como nuevo mandatario. A partir de esa fecha, la bancada del Pacto Histórico —el partido de Gobierno durante los últimos cuatro años— pasará a ejercer un rol distinto, el de oposición al nuevo Ejecutivo. Así lo confirmó la propia colectividad en un comunicado, en el que anunció que "lideraremos la oposición al Gobierno entrante, mediante un control político riguroso, democrático y en defensa de la soberanía popular".Comunicado publicado por el Pacto Histórico. Foto:@PactoCol - XEl paquete radicado incluye una nueva versión de la reforma a la salud, un estatuto del trabajo con la figura del "salario vital", una reforma integral a la Ley 30 de educación superior, una reforma tributaria, la creación de una jurisdicción agraria, una ley de gestión comunitaria del agua, la prohibición del fracking y una regulación ética para la inteligencia artificial.En su comunicado, el Pacto Histórico explicó que la radicación busca "seguir legislando al lado del pueblo" y sostuvo que continuará "defendiendo el legado transformador del presidente Gustavo Petro". El representante a la Cámara Gabriel Becerra agregó que la bancada "no va a renunciar a sus compromisos programáticos" y que con estos proyectos buscan establecer "cuál va a ser la postura del nuevo gobierno" frente a los derechos que consideran adquiridos.En salud, el proyecto insiste en eliminar la intermediación financiera de las EPS, prohibir la integración vertical y garantizar el giro directo de los recursos a clínicas y hospitales. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que el giro directo "mejora sustancialmente la posibilidad de que hospitales y clínicas puedan tener recursos claros". LEA TAMBIÉN El estatuto del trabajo, por su parte, introduce el concepto de "salario vital", una figura pensada para sustituir de forma progresiva el salario mínimo. La idea es que la remuneración se calcule según el costo real de una canasta de vida digna y no solo con base en la inflación. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la iniciativa responde a "una promesa incumplida consagrada en el artículo 53 de la Constitución".En educación, el Ministerio radicó una reforma integral a la Ley 30 de 1992 para consagrar la educación superior como un derecho fundamental. El proyecto plantea cambiar la fórmula de financiación estatal para ampliar la cobertura gratuita en regiones apartadas. El ministro Daniel Rojas afirmó que la propuesta es resultado de un proceso de diálogo desarrollado entre 2023 y 2026 con estudiantes, docentes y rectores.El paquete incluye también una nueva versión de la regulación ética de la inteligencia artificial, a cargo del Ministerio de Ciencias. El proyecto busca fijar reglas sobre soberanía de datos e infraestructura técnica, incluidos los centros de datos, bajo un marco de derechos humanos. La ministra Yesenia Olaya calificó el tema como "fundamental" para el desarrollo científico y tecnológico del país. LEA TAMBIÉN Una reforma tributaria sin ambienteLa reforma tributaria es, en volumen de recursos, la iniciativa más ambiciosa del paquete. El Ministerio de Hacienda busca recaudar 21,9 billones de pesos, principalmente mediante la redacción del umbral de exención de aportes parafiscales, que pasaría de diez a tres salarios mínimos, un incremento gradual del IVA a los combustibles y una ampliación del impuesto al patrimonio.El proyecto también contempla alzas al IVA de licores, un aumento de más del 50 % en el impuesto específico al tabaco, un nuevo gravamen a los vapeadores, una sobretasa permanente al sector financiero y un impuesto especial a las exportaciones de petróleo y carbón. Según el Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, mientras el Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyecta un escenario más severo, de hasta 7,4 % del PIB, con una deuda neta que llegaría a 61 % del PIB, la cifra más alta de la historia reciente del país.Sin embargo, el trámite de esta reforma enfrenta un obstáculo adicional al fiscal. El nuevo Congreso, instalado este 20 de julio, tiene entre ojos la agenda legislativa que anuncie el gobierno entrante, además de los proyectos que cada bancada prepara para el inicio de la legislatura, por lo que el proyecto tributario del Gobierno Petro llega con pocas probabilidades de avanzar en las comisiones. LEA TAMBIÉN El proyecto de ley 'resucitado'La Jurisdicción Agraria y Rural ya existe en el papel. El Acto Legislativo 03 de 2023 la incorporó a la Constitución y la Ley Estatutaria 2570 de 2026 definió su estructura básica, con jueces y tribunales especializados en conflictos de tierras. Lo que el Gobierno radicó esta semana es la ley ordinaria que le falta a esa arquitectura para poder operar, la que fija las competencias y los procedimientos concretos con los que actuarán esos despachos, según lo explicado por el Ministerio de Agricultura.Este es, de los ocho proyectos, el que más veces ha pasado por el Congreso sin éxito. La iniciativa fue radicada por primera vez en agosto de 2024 y superó su primer debate ese mismo año, pero no volvió a moverse en las plenarias de Cámara y Senado. Los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Justicia, Jorge Iván Cuervo, insistieron en el trámite en mayo de 2026, sin resultado, y el proyecto terminó archivado el 16 de junio, a pocos días de cerrarse la legislatura anterior. Cuervo atribuyó el fracaso a que "no nos dieron los tiempos legislativos" y a que "hubo presiones de diversos actores para que la ley ordinaria no se aprobara en los términos planteados por el Gobierno".Fracking, uno de los puntos de choqueDe todo el paquete, la prohibición del fracking es uno de los proyectos que marca amyor línea de confrontación con la administración entrante. El proyecto, firmado por la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, busca prohibir en todo el territorio nacional la exploración y explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico multietapa.La senadora Hernández, del Pacto Histórico, vinculó explícitamente la radicación con los planes del presidente electo. Según ella, la propuesta de De la Espriella de habilitar esta práctica en el país representaría "una masacre contra la fauna y la diversidad" y un riesgo para los páramos y las fuentes hídricas. LEA TAMBIÉN El proyecto es, de hecho, el séptimo intento en los últimos años de prohibir el fracking por vía legislativa; los seis anteriores se archivaron sin completar los debates requeridos.Este episodio ilustra una dinámica que se repite en los ocho proyectos radicados en las últimas semanas del Gobierno Petro. Antes de dejar el poder, la administración saliente intenta fijar, por la vía legislativa, posiciones de fondo en materias donde anticipa diferencias sustanciales con el Ejecutivo que la sucede, desde el modelo energético hasta el esquema tributario.Con todos los proyectos ya radicados, su suerte queda ahora en manos de un Congreso recién instalado y fragmentado. El propio Pacto Histórico, aunque es la bancada más numerosa tanto en el Senado como en la Cámara, está lejos de la mayoría absoluta, mientras que la coalición cercana al Gobierno entrante deberá negociar con bancadas de centro e independientes para consolidar los votos que necesita. Serán las comisiones y las plenarias las que definan, en los próximos meses, cuáles de estas ocho iniciativas logran avanzar y cuáles corren la misma suerte que sus versiones anteriores, es decir, quedar archivadas antes de completar su trámite.María Alejandra Moreno FlórezEscuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO / Redacción Política Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
