La causa judicial iniciada por el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, contra Rodrigo Lorenzoni por el delito de amenazas de muerte concluyó tras un acuerdo de conciliación dictado antes de la elevación del caso a juicio oral. El expediente penal se inició formalmente luego de que las autoridades del Ministerio del Interior denunciaran que, en enero de 2023, mientras Fernández ejercía la jefatura de Estado, Lorenzoni envió una seguidilla de correos electrónicos con amedrentamientos explícitos dirigidos a la figura presidencial.
El proceso legal quedó radicado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5, bajo la conducción de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien dispuso oportunamente el procesamiento del imputado tras comprobar la autoría de los mensajes y la gravedad del amedrentamiento tipificado en el Código Penal. Frente a la inminencia del debate oral y público, la magistrada federal resolvió convocar a una audiencia formal de mediación entre las partes. Durante este encuentro institucional, Lorenzoni exteriorizó su arrepentimiento manifestando haber actuado preso de la desesperación, y ofreció reparar el daño a través de una retractación institucionalizada.
