22 de julio, 2026 - 06h00El Código Orgánico de la Función Judicial fue promulgado y publicado en el Suplemento del Registro Oficial n.º 544 el 9 de marzo de 2009, con lo cual se cambió en gran parte el sistema de administración de justicia en el país. Cuando se produce este tipo de reformas renace la esperanza en el pueblo ecuatoriano porque piensa que, al fin, ese monstruo paquidérmico y corrupto –salvo excepciones, desde luego– dejará de existir, dando paso a la transparencia, oportunidad y equidad con la que deben ser tratados todos los casos para su resolución. Tanto es así que el expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, al dar a conocer a la ciudadanía el pasado 20 de mayo que se encuentra listo dicho proyecto para el primer debate, exclamó lo siguiente: “La gente está cansada de denunciar y no tener respuesta, cansada de cruzarse otra vez con quien le arrebató la tranquilidad, el negocio o incluso la vida de un familiar... Mientras haya jueces y fiscales corruptos, el crimen siempre va a encontrar una puerta abierta…”. Esta problemática de las falencias en la administración de justicia, que pasa por todas las aristas, comenzando con la precariedad de la infraestructura y la insuficiencia de personal, va más allá de eso. El problema radica en la forma de ser, efectivamente, como lo aseveró Olsen, de los funcionarios y servidores judiciales; y, mientras la corrupción se halle enquistada hasta en las paredes de los respectivos edificios, no importa el contenido de los códigos y las leyes, porque siempre se encontrará la manera de torcer la norma y de aplicarla de manera indebida o, simplemente, no aplicarla.En el primer eje del mencionado proyecto se intenta combatir este mal, entre otras medidas, mediante la incorporación del uso del polígrafo, la creación de una vigilancia patrimonial y una auditoría ciudadana. Respecto del Consejo Nacional de la Judicatura, se propone delimitar las funciones entre el pleno y el director general, quien asumiría la conducción administrativa y operativa. Lo ideal sería que se suprima este Consejo desde la Constitución, en vista de los pésimos precedentes conocidos por todos. En su lugar, debería contratarse una empresa que resuelva los problemas administrativos; y los temas que conciernen a funcionarios y empleados debieran ser resueltos en la forma en que se lo hacía antes de que dicho Consejo existiese. También se contempla repotenciar los juzgados de paz. Debiera establecerse una especie de filtro, con personal entrenado que oriente a los ciudadanos a ir a una mediación cuando la situación lo amerite, evitando así las penurias de largos juicios en los juzgados y sus respectivas consecuencias. Muchos juristas probos irían a administrar justicia si fueran bien pagados, por lo que los sueldos deberían mejorarse. Además, para los asuntos penales, ante la amenaza constante contra jueces y fiscales, debería crearse la figura de “jueces y fiscales sin rostro”, para evitar que sus vidas y las de sus familiares estén expuestas a la conocida frase de “plata o plomo” cuando deben fallar en contra de los intereses de los delincuentes.Ojalá la Asamblea tome en cuenta las diversas sugerencias hechas a este respecto. (O)