La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su política de control migratorio y anunció una acción para revocar la ciudadanía estadounidense de un cubanoamericano residente en el sur de Florida, condenado por participar en un esquema de fraude contra el programa Medicare.Según informó el Departamento de Justicia, el caso involucra a Yosmaikel Rodríguez Pérez, de 45 años y residente del condado de Miami-Dade. El hombre obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos en 2004 y se naturalizó como ciudadano estadounidense en 2018, según informó Yahoo News.Las autoridades federales sostienen que Rodríguez Pérez ocultó antecedentes relevantes durante el proceso de naturalización y que, por ese motivo, no cumplía con los requisitos exigidos para obtener la ciudadanía.De acuerdo con la denuncia presentada por el Gobierno, el cubanoamericano fue condenado previamente por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud y fraude electrónico, delitos vinculados a reclamaciones fraudulentas realizadas a Medicare por más de 886.000 dólares.El Departamento de Justicia afirmó que el acusado carecía del requisito de “buen carácter moral” exigido para la naturalización. Además, sostuvo que obtuvo la ciudadanía mediante la ocultación de hechos importantes y declaraciones falsas realizadas bajo juramento durante el trámite migratorio.El caso forma parte de una estrategia impulsada por la administración Trump para aumentar los procesos de desnaturalización, una herramienta legal que permite retirar la ciudadanía estadounidense a personas que la obtuvieron mediante fraude o engaño.Se trata del sexto caso similarSegún la información difundida por el Departamento de Justicia, Rodríguez Pérez es al menos la sexta persona en el área de Miami que enfrenta un proceso de este tipo durante 2026.Entre los casos mencionados por las autoridades aparece Víctor Pérez Rocha, exembajador estadounidense condenado a 15 años de prisión por actuar como agente de inteligencia cubano. También figura Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami, acusado de utilizar identidades y documentos falsos para obtener la ciudadanía.La ofensiva se apoya en un memorando emitido en julio de 2025 que instruyó al Departamento de Justicia a priorizar los casos de revocación de ciudadanía dentro de la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump.El documento señala que las investigaciones se concentrarán especialmente en personas vinculadas a delitos graves, terrorismo, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales o casos en los que se ocultaron antecedentes penales durante el proceso migratorio.Los datos muestran un fuerte aumento en este tipo de acciones. Registros recopilados por investigadores de la Universidad de Syracuse indican que entre enero de 2008 y abril de 2026 el Gobierno federal inició apenas 34 procesos de revocación de ciudadanía. Sin embargo, entre mayo y julio de este año, la administración Trump abrió más de 30 casos nuevos."Apenas hemos arañado la superficie; se esperan muchas más denuncias", declaró Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, según informó Yahoo News.La investigación de Rodríguez Pérez comenzó en 2019La investigación contra Rodríguez Pérez se remonta a una acusación penal presentada en 2019. Según documentos judiciales, él y otras dos personas trabajaban en un centro médico y participaron en un esquema que involucraba sobornos para derivar beneficiarios de Medicare a determinadas farmacias.La acusación también sostuvo que los implicados comercializaron recetas médicamente innecesarias, elaboraron facturas fraudulentas y falsificaron documentación para obtener pagos indebidos del programa federal.Posteriormente, Rodríguez Pérez alcanzó un acuerdo con la fiscalía. El Gobierno retiró uno de los cargos más graves y el acusado recibió una condena de 19 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y la obligación de devolver cerca de 886.649 dólares al Estado.Aunque expertos consultados por medios estadounidenses señalaron que los ciudadanos sin antecedentes penales no deberían preocuparse por estas medidas, la aceleración de los procesos de desnaturalización generó inquietud en comunidades con una alta población inmigrante, como Miami-Dade, donde aproximadamente la mitad de los residentes nació fuera de Estados Unidos.