La Fiscalía General de la República probó que D. J. M. interceptaba a la menor a la salida de su centro escolar antes del abuso sexual ocurrido en octubre de 2025./ (Imagen Ilustrativa Infobae)El Tribunal de Sentencia de Usulután impuso una condena de 18 años de prisión a D. J. M. por el delito de violación en menor o incapaz, tras probarse que agredió sexualmente a una adolescente en 2025. El caso, que generó atención en la región oriental de El Salvador, se suma a una serie de sentencias dictadas en los últimos meses por la justicia salvadoreña ante un fenómeno de violencia sexual que afecta de manera persistente a la niñez y adolescencia.Según informó Centros Judiciales El Salvador, la víctima tenía 13 años al momento de los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que permitieron establecer que a principios de 2025, el acusado comenzó a interceptar a la menor a la salida de su centro escolar. El 28 de octubre del mismo año, D. J. M. trasladó a la víctima a su vivienda, ubicada en el distrito de Usulután, donde cometió el delito. El proceso judicial se activó tras la denuncia interpuesta por la madre de la adolescente, que permitió la captura y posterior enjuiciamiento del responsable.PUBLICIDADLa sentencia, dictada tras la vista pública, incluyó además una condena al pago de responsabilidad civil a favor de la víctima. De acuerdo con el reporte de Centros Judiciales El Salvador, el tribunal valoró la gravedad de los hechos y la condición de vulnerabilidad de la menor al momento de los ataques.Actualmente, la justicia salvadoreña establece pena perpetua en casos de violación./ (Imagen Ilustrativa Infobae)Durante 2026, otros tribunales del país han emitido fallos relevantes en casos de violencia sexual. El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a José Mateo Linares Hernández a 14 años de prisión por violación a una mujer en la jurisdicción de Tacuba, tras comprobarse que el agresor utilizó la fuerza para someter a la víctima en octubre de 2025. La resolución también contempla el cumplimiento íntegro de la pena en un centro penitenciario.PUBLICIDADAsimismo, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador sentenció a Edwin Geovanny Montes Fajardo a 42 años y ocho meses de prisión por violación y agresión sexual continuada contra una menor, sucedidas durante dos años. El fallo incluyó una indemnización de 2,000 dólares a la víctima.La respuesta judicial salvadoreña también ha alcanzado otras jurisdicciones. En Santa Tecla, L. E. P. C. fue condenado a 12 años de prisión por violación continuada en perjuicio de una joven de 21 años. En La Libertad Centro, el Tribunal Primero de Sentencia impuso 15 años de prisión a un padrastro por violación continuada contra una adolescente, mientras que la madre de la víctima recibió una condena de siete años por facilitar los abusos.PUBLICIDADEl Tribunal de Sentencia de Usulután emitió su condena, tras la presentación de las pruebas que comprobaban la responsabilidad del imputado en el caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)Además, entre enero y mayo de 2026, la Fiscalía General de la República presentó acusaciones penales contra 183 personas por violación en menor o incapaz y, en total, 1.198 personas fueron procesadas por delitos contra la libertad sexual en ese periodo. Estas cifras marcan un incremento respecto a 2025, cuando se reportaron 644 casos de violación.Diversos informes señalan que el fenómeno de la violencia sexual mantiene una incidencia relevante en El Salvador. La memoria de labores de la FGR correspondiente al periodo de junio de 2024 a mayo de 2025 documentó 2,739 casos de violaciones y 8,038 episodios de violencia sexual en general contra mujeres y niñas, lo que equivale a un promedio diario de 22 denuncias de agresiones de índole sexual.PUBLICIDADLa legislación salvadoreña prevé penas de prisión de entre 14 y 20 años para el delito de violación en menor o incapaz, con posibilidad de agravamiento si concurren circunstancias como vínculo de confianza o abuso de autoridad, según lo establece el Código Penal y la reforma constitucional vigente. Las autoridades han reiterado el compromiso de enfrentar la impunidad y fortalecer la protección de las víctimas, aunque persisten desafíos para la prevención y la atención integral de quienes sufren estos delitos.