La Fiscalía Adjunta de San Carlos logró demostrar la responsabilidad del imputado en dos delitos de violación y uno de abuso sexual contra dos menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)Un hombre de apellidos Carranza Vega fue sentenciado a 36 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer dos delitos de violación y un delito de abuso sexual en perjuicio de dos personas menores de edad, informó la Fiscalía Adjunta de San Carlos.La condena fue dictada luego de que el Ministerio Público demostrara, durante el juicio, la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre los años 2006 y 2011 en la comunidad de San Joaquín de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de San Carlos, Carranza Vega convivía en la misma vivienda que la familia de las dos menores afectadas, una condición que le permitió tener acceso constante a ellas y aprovechar momentos en los que no había otros adultos presentes para cometer las agresiones sexuales.PUBLICIDADDurante el debate, el Ministerio Público logró acreditar que el ahora sentenciado actuaba cuando no era visto por otras personas y que utilizó la cercanía con las víctimas para perpetrar los delitos. La investigación permitió establecer que las agresiones ocurrieron de forma reiterada durante un periodo comprendido entre 2006 y 2011.Las pruebas presentadas durante el juicio fueron consideradas suficientes por el Tribunal para declarar la responsabilidad penal del acusado por dos delitos de violación y uno de abuso sexual.Según la acusación, el hombre aprovechaba que compartía vivienda con la familia de las víctimas para cometer las agresiones cuando no era observado. (Imagen Ilustrativa Infobae)Uno de los elementos expuestos durante el proceso judicial fue que, después de cometer las agresiones, el imputado intimidó a las víctimas para impedir que revelaran lo sucedido.PUBLICIDADSegún estableció la Fiscalía, Carranza Vega amenazó a las menores para que mantuvieran silencio, situación que provocó que los hechos permanecieran ocultos durante varios años.No fue sino hasta 2023 cuando ambas lograron poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales, permitiendo la apertura de la investigación penal que culminó con la sentencia condenatoria.Este tipo de situaciones, han señalado en reiteradas ocasiones las autoridades y especialistas en atención a víctimas, son frecuentes en delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, donde el miedo, la manipulación y la relación de confianza o cercanía con el agresor suelen retrasar la denuncia durante años.PUBLICIDADComo resultado del juicio, el Tribunal impuso una pena total de 36 años de prisión contra Carranza Vega por los delitos que fueron acreditados durante el debate.El Ministerio Público informó que, mientras la sentencia no adquiera firmeza y se resuelvan las etapas procesales correspondientes, el condenado deberá permanecer en prisión preventiva.La medida busca garantizar el adecuado desarrollo del proceso judicial y la ejecución de la condena una vez que el fallo quede en firme.Las autoridades recordaron que los delitos sexuales contra personas menores de edad constituyen una de las formas más graves de violencia y que el sistema judicial mantiene mecanismos para investigar este tipo de casos incluso cuando las denuncias se presentan varios años después de ocurridos los hechos.PUBLICIDADMientras la sentencia adquiere firmeza, Carranza Vega continuará descontando prisión preventiva por disposición judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)La Fiscalía ha insistido en la importancia de denunciar cualquier situación de abuso sexual y de buscar apoyo en las instituciones encargadas de la protección de la niñez y adolescencia, ya que el acompañamiento oportuno resulta fundamental tanto para la atención de las víctimas como para el desarrollo de las investigaciones penales.Con esta sentencia, el Ministerio Público destacó el trabajo realizado durante la investigación y el juicio oral, proceso que permitió obtener una condena de 36 años de cárcel contra el responsable de los delitos cometidos en perjuicio de las dos víctimas menores de edad.