Los Centros Judiciales de El Salvador informaron que el condenado abusó sexualmente de la joven en repetidas ocasiones y la amenazó a ella y a su familia./ (Centros Judiciales El Salvador)El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla sentenció a un hombre identificado con las iniciales L. E. P. C. a 12 años de cárcel tras hallarlo culpable del delito de violación continuada en perjuicio de una joven de 21 años. Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2024 en un hotel ubicado en la zona de La Libertad Costa, donde tanto la víctima como el agresor laboraban.De acuerdo con la información proporcionada por los Centros Judiciales de El Salvador, el imputado abusó sexualmente de la joven en repetidas ocasiones durante el periodo mencionado, ejerciendo amenazas de represalia contra ella y su familia para garantizar su silencio. El tribunal, tras valorar las pruebas presentadas durante la vista pública, determinó la continuidad del delito y emitió un fallo condenatorio no solo en el ámbito penal, sino también civil, obligando al condenado a reparar el daño causado.PUBLICIDADEste caso resalta la necesidad de garantizar la confidencialidad y el resguardo de la identidad de las víctimas de delitos sexuales, conforme lo dispone la legislación nacional y los tratados internacionales ratificados por El Salvador. La protección de las víctimas es fundamental para evitar procesos de revictimización y para promover la denuncia de estos hechos.El tribunal valoró las pruebas en la vista pública, acreditó la continuidad del delito y ordenó además la reparación civil del daño causado./ (Imagen Ilustrativa Infobae)En el ámbito judicial, la valoración de la prueba y el enfoque de género han sido clave para que los tribunales puedan acreditar la gravedad y la continuidad de los abusos, así como para reconocer el impacto psicológico y social que sufren las sobrevivientes. Organizaciones de la sociedad civil han reiterado la importancia de fortalecer la atención psicológica y el acceso a justicia para quienes atraviesan situaciones similares.PUBLICIDADLa condena de 12 años impuesta a L. E. P. C. constituye una señal de que el sistema judicial salvadoreño mantiene su compromiso con la sanción de los delitos sexuales y la protección de los derechos de las víctimas, aunque persisten retos en materia de prevención, atención integral y erradicación de la impunidad en casos de violencia de género.El delito de violación está tipificado en el artículo 158 del Código Penal de El Salvador, que establece penas de prisión de ocho a doce años para quien, mediante violencia, amenazas o aprovechando la incapacidad de la víctima, acceda carnalmente a otra persona sin su consentimiento. Cuando el delito se comete de manera continuada, como en este caso, el artículo 42 del mismo código permite la acumulación de penas o la imposición de la pena máxima prevista para el delito principal, en atención a la gravedad y reiteración de la conducta.PUBLICIDADEl artículo 158 del Código Penal de El Salvador fija penas de ocho a doce años por violación, y el artículo 42 contempla sanciones mayores en casos continuados. /(Imagen Ilustrativa Infobae)El Código Penal también contempla agravantes, como el abuso de poder en el ámbito laboral, el uso de amenazas y la coacción para silenciar a la víctima, elementos que estuvieron presentes en este caso. La legislación salvadoreña enfatiza la protección a las víctimas y la necesidad de preservar su identidad, tal como lo señala la comunicación oficial, que omite detalles que puedan permitir la identificación de la joven afectada.En los últimos años, El Salvador ha registrado un aumento en la judicialización de casos de violencia sexual, en parte debido a reformas procesales y a una mayor conciencia social sobre la gravedad de estos delitos. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2023 se reportaron más de 2,000 denuncias por delitos sexuales, de las cuales una parte significativa involucraba víctimas menores de edad y casos de violación continuada.PUBLICIDADRecientemente, se han dictado sentencias ejemplares en distintos puntos del país. Las autoridades judiciales y organismos de derechos humanos han insistido en que la persecución penal efectiva y la severidad de las penas contribuyen a la prevención de estos delitos, aunque subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas antes, durante y después del proceso judicial.