Los estados de Goiás y Ceará han adoptado el monitoreo de las conversaciones entre líderes de organizaciones criminales en los parlatorios de determinadas cárceles estatales, una medida prevista por la Ley Raul Jungmann (Ley Antifacciones) que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende ampliar. Los parlatorios son espacios destinados al contacto entre los presos y sus visitantes, como abogados y familiares, sin contacto físico directo. Las escuchas han permitido identificar órdenes de homicidio, extorsión y otros delitos dirigidos desde prisión.
En Ceará, el monitoreo comenzó en noviembre de 2025 en el Complejo Penitenciario de Aquiraz y dio origen a la Operación Mensajeros del Crimen, que culminó con la detención de 12 abogados sospechosos de actuar como intermediarios de organizaciones criminales. Según el fiscal Oscar Stefano, algunos abogados participaban en la captación de miembros de facciones rivales para el Comando Vermelho y recibían alrededor de 500 reales por visita. En la actualidad, esta organización ejerce influencia sobre entre el 85 % y el 90 % del territorio de Ceará.
El modelo se inspiró en el estado de Goiás, donde las escuchas comenzaron en 2020 y llevaron, en 2022, a la detención de 16 abogados durante la Operación Corbatas.
