Vox recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que, en su reunión del pasado día 16, rechazó la petición del partido ultra para que se suspenda el derecho al voto por correo a los españoles residentes en el extranjero, por considerar que este sistema reúne menos garantías fuera que dentro de España. La JEC respondió a Vox que no tiene capacidad para suspender un derecho reconocido tanto en la Constitución con en la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) y que su obligación es “aplicar todos los procedimientos dispuestos en la legislación mientras sigan vigentes, sin que pueda sustituirse, ni en este ni en ningún otro punto, el criterio del legislador”. Este primer revés no ha desanimado a Vox de su propósito de emprender una cruzada contra lo que considera un intento del Gobierno por alterar el censo electoral con la aplicación de la llamada ley de nietos, que concede la nacionalidad a los descendientes de españoles que tuvieron que abandonar su país por la Guerra Civil y la dictadura. Un total de 2,4 millones de personas han solicitado la ciudadanía española en aplicación de esa norma, pero el Gobierno estima que solo medio millón habrán obtenido el derecho al voto el verano que viene, cuando concluye el plazo para celebrar las próximas elecciones legislativas, dado el atasco burocrático que sufren los consulados.Vox ha pedido además que se declare la nulidad de oficio de dos instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Fe Pública que desarrollan la ley: la de octubre de 2022, que amplió sus beneficios a los descendientes de quienes emigraron por razones económicas; y la de noviembre de 2024, que permitió acogerse a la norma a todos los que lo hubieran solicitado la nacionalidad española dentro del plazo legal (que acabó el 22 de octubre de 2025), aunque no hubieran entregado la documentación correspondiente. Vox ha solicitado a la Secretaría de Estado de Justicia que anule de oficio ambas instrucciones, pero ya ha anunciado que, si se rechaza su petición ―previo informe del Consejo de Estado― o no se admite a trámite, acudirá ante la Audiencia Nacional. La anulación de cualquiera de las dos instrucciones tendría efectos imprevisibles: la primera porque obligaría a revocar la nacionalidad ya concedida a decenas de miles de descendientes de emigrantes económicos; y la segunda porque dejaría sin amparo a quienes no consiguieron presentar su documentación debido a que el colapso de los consulados hacía imposible conseguir una cita. Según el portavoz de Vox en el Parlamento europeo, Jorge Buxadé, la aplicación de la ley debería limitarse a los descendientes de exiliados, que él estima en un máximo de 50.000 personas ―aunque la mayoría de historiadores cifran en más de 200.000 los que nunca regresaron a España―, mientras que la solicitud de una cita no equivale al inicio de un expediente ni tampoco otorga ningún derecho.Además, Vox ha pedido que se anulen los contratos adjudicados a la empresa cubana Palco y a la consultora tecnológica de origen mexicano Neoris, con sede en Miami (EE UU), con el argumento de que no se puede dejar el control del proceso electoral español en manos de regímenes que no celebran elecciones. En el caso de Palco, lo que ha hecho el Ministerio de Exteriores es contratar personal de apoyo para reforzar el consulado español en La Habana, ya que Cuba no permite a las embajadas extranjeras contratar directamente a trabajadores locales y obliga a hacerlo a través de una empresa estatal, que les paga el sueldo. En el segundo, el objeto del contrato consiste en grabar en la base de datos las solicitudes que se presentan en papel para poder gestionar informáticamente los expedientes y agilizar su tramitación. En todo caso, la decisión sobre la concesión o no de la nacionalidad sigue siendo, según fuentes diplomáticas, de los cónsules.El otro frente de la batalla contra la ley de nietos es el europeo. Buxadé tiene previsto reunirse el 26 de agosto con la directora general de Justicia de la Comisión Europea, la española Ana Gallego, para intentar empujar la denuncia presentada por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien ha pedido a Bruselas que abra un procedimiento de infracción contra España por la supuesta concesión masiva de la ciudadanía europea sin vínculo genuino ni control de seguridad sobre los solicitantes. El objetivo es que la ley acabe siendo examinada por el Tribunal de Justicia de la UE. Mientras tanto, el grupo ultra la quiere someter a debate de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento europeo, aunque Buxadé reconoce que este asunto no suscita en Europa tanto interés como la regularización extraordinaria de inmigrantes indocumentados, contra la que también ha hecho campaña en las instituciones europeas.A la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso contra la Ley de Memoria Democrática, que admitió a trámite en febrero de 2023, y resuelva sobre la constitucionalidad de su disposición adicional octava, más conocida como Ley de Nietos. Vox quiere arrastrar a los gobiernos autonómicos que comparte con el PP (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) a que emprendan acciones legales, con el argumento de que la nacionalización de descendientes de españoles también puede modificar el censo para las autonómicas.El diputado de Vox Ignacio de Hoces ha denunciado “la falta de transparencia y seguridad jurídica” en el proceso de inscripción de estos nuevos españoles en el censo y ha pedido que se controle su adscripción a las diferentes circunscripciones, alegando que en torno a 20 escaños pueden a cambiar de manos por unos miles de votos. La JEC ya ha encomendado a la Oficina del Censo Electoral, sobre la que tiene competencias de control y supervisión, que elabore una instrucción “en la que se precisen los criterios aplicables para la determinación del municipio de inscripción electoral, especificando, entre otros extremos, la forma de acreditar el mayor arraigo propio o de los ascendientes, la documentación justificativa que podrá aportarse y los supuestos y criterios en los que proceda la determinación de oficio del municipio de inscripción. En todo caso”, añade, “la determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España”. No parece que esta fórmula satisfaga a Santiago Abascal, quien acusa directamente al Gobierno de intentar “robar las próximas elecciones”. Vox ya ha creado un grupo de trabajo para dar la batalla a la ley de nietos en todos los frentes.