Javier GallegoMadrid 21/07/2026 17:59 Actualizado a 21/07/2026 18:09 Vox ha constituido un equipo legal que lleva meses trabajando jurídicamente sobre la ley de nietos por el impacto electoral que puede tener en España. La norma, que podría conceder la nacionalidad española a más de dos millones de desciendentes de españoles y darles el derecho a votar, ha sido ya recurrida por Vox en 2023 ante el Tribunal Constitucional, aunque mientras llega el fallo, ya preparan acciones ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, fuentes de Vox plantean, en primer lugar, recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) de la semana pasada, en la que el órgano electoral se negó a suspender las “inscripciones masivas” en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), que va a aumentar como consecuencia de la ley de nietos, que permite el voto a los nacionalizados.La JEC alegó que no podía acceder a esa petición de Vox porque “excede de las competencias” que corresponden al órgano “pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento”. En este caso, Vox acudirá a la vía contencioso-administrativa para presentar su recurso. Vox también pidió ante la JEC que se revisaran los contratos adjudicados por el Estado a Palco (empresa estatal cubana) y Neoris para hacer labores de apoyo en las tramitaciones de las nacionalidades ante la avalancha de solicitudes. Ahora, el partido de Abascal pide directamente al órgano de contratación del Estado que adjudicó los contratos que los “revise y los anule” como vía previa para también acudir a los tribunales. Audiencia NacionalVox pidió la nulidad de la instrucción de la 'ley de nietos'Asimismo, el partido de Santiago Abascal también estudia la vía de la Audiencia Nacional respecto a la instrucción de octubre de 2022 que dictó el Ministerio de Justicia para regular la adquisición de las nacionalidades. Vox considera que es manifiestamente ilegal porque amplía los supuestos establecidos por ley para adquirir la nacionalidad. “El ámbito de aplicacion de la ley de nietos beneficiaba a unos pocos miles, pero con esa instrucción pasa de pocos miles a 2,5 millones”, señalan fuentes de Vox.En este caso, Vox pidió el pasado 26 de junio a la Secretaría de Estado de Justicia que declare de oficio la nulidad de la instrucción, aunque, ante las escasas expectativas de que el órgano administrativo atienda la petición, ya anticipan la posibilidad de acudir ante la Audiencia Nacional. De momento, casi un mes después, Vox no ha recibido respuesta. Fuentes de Vox, además, señalan que un cambio en la doctrina del Tribunal Supremo de hace un mes, permite a los partidos también ejercer como interesados ante la ley de nietos, una circunstancia que aumenta las vías de recursos de las formaciones políticas ante la norma. En esa resolución judicial sobre la regularización de inmigrantes, el Supremo aseguraba que Vox “sí esta legitimado para impugnar” medidas como esa “por su impacto en los procesos electorales”, algo que se hace aplicable a la ley de nietos. EuropaVox señala el precedente de Malta con el TJUEFinalmente, en tercer lugar, Vox también está ya explorando la vía europea y acudir ante el TJUE. El partido de Abascal ya ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea para que se abra un procedimiento de infracción contra el Gobierno por la ley de nietos porque “cada nacionalidad concedida otorga la ciudadanía europea”. En este sentido, fuentes de Vox señalan que ya hay jurisprudencia con una ley de Malta para conceder la nacionalidad a inversores, una medida que acabó tumbando el TJUE. En este caso, en Vox creen que la Comisión Europea acabará pronunciándose en contra del Gobierno y eso permitirá llevar la ley al TJUE. Para tomar acción, Vox ha creado un grupo de trabajo integrado por la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís; el líder de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé; el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías; y el vicesecretario de Acción Política, Ignacio de Hoces.