El Tribunal Constitucional comenzará el próximo 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley de amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la considera conforme al derecho comunitario. PublicidadSegún ha informado la corte de garantías este martes, comenzará con el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull, en un pleno cuyo ponente será el magistrado José María Macías. Los demás recursos se abordarán "en los plenos sucesivos". El Tribunal Constitucional acordó en abril de 2025 admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Turull contra la resolución del Supremo en la que negó aplicarle la amnistía por el delito de malversación del procés.Al igual que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, cuyos recursos de amparo ya fueron admitidos a trámite, Turull impugnó dos resoluciones del Alto Tribunal. Con la primera, se le denegó la aplicación de la amnistía y, en la segunda resolución, se confirmó su decisión al rechazar su súplica.Como ellos, el dirigente de Junts solicitó como medida urgente que se le dejara en suspenso la pena de inhabilitación para ejercer su cargo público, que se prolonga hasta 2030, ya que es la única que queda vigente tras los indultos a las penas de prisión. Turull basó su recurso de amparo en supuestas vulneraciones del principio de legalidad penal (artículo 25.1 de la Constitución) y del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1).El Tribunal Constitucional accedió a estudiar su recurso de amparo al apreciar "una especial trascendencia constitucional, puesto que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina", además de que "el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales".PublicidadAsí, la justicia europea avaló la semana pasada la ley de amnistía al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no colisiona con el Derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses económicos de la UE.El TJUE respondió, de este modo, a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la Unión. El Abogado General descartó al respecto, en su dictamen no vinculante de noviembre, que afectase a intereses financieros de la UE, ni que fuese una "autoamnistía", aunque esta última referencia no aparece en las sentencias.