Una vez que la justicia europea ha avalado la ley de amnistía, el Tribunal Constitucional mueve ficha. El pleno del órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido deliberará el 22 de septiembre, a la vuelta del verano, el primero de los recursos presentados por los líderes condenados del procés a los que el Supremo no les ha aplicado la ley de amnistía: el de Jordi Turull, exconseller de la Generalitat. En los sucesivos plenos, el Constitucional irá decidiendo sobre las demás solicitudes, incluida la del expresident Carles Puigdemont.El Constitucional tiene que dar respuesta a los siete recursos de amparo presentados por los líderes independentistas a los que el Supremo ha rechazado conceder la medida de gracia al considerar que el delito de malversación que les atribuye no está cubierto por la ley impulsada por el Gobierno, ERC y Junts. El órgano decidió, sin embargo, esperar a la sentencia del TJUE para resolver esas impugnaciones. Fuentes del tribunal de garantías señalaban ya después de la decisión de Luxemburgo que la previsión era llevar la primera sentencia, relativa al recurso presentado por el exconsejero Jordi Turull, a uno de los dos plenos previstos en septiembre. No obstante, la sentencia puede retrasarse porque la ponencia de este caso ha recaído sobre el magistrado conservador José María Macías, uno de los más críticos con la medida de gracia, por lo que, salvo que el pronunciamiento del TJUE le haya hecho cambiar de opinión, es previsible que su propuesta sea rechazar el recurso del dirigente independentista. En el caso de que la mayoría considere que sí debe concederse el amparo, habrá que nombrar a un nuevo ponente que redacte una sentencia con ese fallo. Fuentes del tribunal señalan que, en ese caso, la respuesta al recurso de Turull podría llegar en octubre. La doctrina que se fije valdrá tanto para los condenados por malversación (Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa) como para los procesados en rebeldía (Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig), por lo que estas fuentes consideran que el Supremo tendría que aplicarla de oficio a todos ellos. En caso contrario, el Constitucional responderá uno a uno a los siete recursos de amparo.