El martes 14, nuestro Gobierno participaba junto al gibraltareño como testigos de la firma del acuerdo de libre circulación entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, que el Brexit decidido por la metrópoli dejaba en suspenso, un referéndum de salida que había cosechado un asustado 90% de noes entre los llanitos. El fantasma de una frontera dura se desvanecía en la negociación, llevada directamente por los comisarios de la UE con la parte británica y la oficiosa asistencia de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. No más verjas como la franquista de 1969 que hagan difícil la vida a los trabajadores españoles y ralenticen el flujo de mercancías desde la colonia, por más que la Roca levantó en 1908 la suya, un disuasorio muro de acero y alambres de espino en torno al aeródromo militar.El miércoles 8, los Comunes habían dado su preceptiva aprobación al tratado, sin novedades respecto a la base naval y los movimientos militares del Peñón, mientras sus poco más de mil páginas pasarán el examen de una comisión de escrutinio de la Cámara.El seguimiento de Gibraltar queda traspasado a una comisaría de la UEEntre nosotros, el acuerdo internacional no ha figurado en la agenda de julio del Congreso, o en la Comisión Mixta para la Unión Europea. La colonia entra al espacio Schengen español, a la vez que se preserva del IVA básico europeo a los servicios y capitales, como a una suerte de próspero Mónaco frente a la comarca andaluza. Sin los habituales dictámenes del Consejo de Estado, ni de la misma Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio, Albares concluía el pasado martes que se “abre una nueva era tres siglos después”, tras cinco años de negociaciones en Bruselas por aquí conocidas a partir del último febrero.Para una diplomacia cuyo “asunto exterior” no ha sido otro por antonomasia, con o sin democracia, y que oyó hablar a Londres de cosoberanía en el 2002 con el ministro Piqué, el seguimiento de Gibraltar queda traspasado a una comisaría de la Unión Europea.El interés en concluir el secular contencioso se ha cruzado con las prisas de los aliados del Gobierno por aprobar nuevos requisitos en votos y escaños, rebajando los mínimos para tener derecho a grupo propio en Madrid. Había un riesgo de parar en el Grupo Mixto de la siguiente legislatura, tras unos malos resultados en las elecciones del 2027, que menoscabasen subvenciones, personal y despachos en la Carrera de San Jerónimo. Desde este julio, se conjura semejante perspectiva, mediante un ventajoso gerrymandering que la oposición tachaba de “magufada” antirreglamentaria. Los 21 parlamentarios que comparten los deseos de vivir en un Estado plurinacional se aseguraban, también el martes 14, su estatus material y político frente al futuro.