La Trama Eólica, el caso de corrupción más grave de Castilla y León, junto en el de Perla Negra, con el que comparte acusados, sigue sin sentencia cuando se cumplen seis meses exactos desde que acabó el juicio. La Audiencia Provincial de Valladolid no se ha pronunciado aún ni para aproximar en qué fecha resolverá un caso en el que la investigación judicial se prolongó a lo largo de diez años. El juicio duró cuatro meses y los acusados pasaron de 15 a 11.
El caso se descubrió en 2015, cuando un funcionario de la Agencia Tributaria inspeccionaba el impuesto de sociedades de varias empresas y descubrió presuntas mordidas para autorizar parques eólicos con un modus operandi que consistía en forzar a las eléctricas asociarse con empresarios locales elegidos por la Junta. En ese año, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques.
Mediante la trama, parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. En la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía mediante la compra de las acciones con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Así es como, según el fiscal anticorrupción, se pagaron 75 millones en mordidas. Lo único que no ha quedado claro es dónde acabó el dinero.
