El Gobierno ha tenido que autorizar casi 200 millones de euros en suplementos de crédito y créditos extraordinarios entre enero y junio de 2026 para garantizar el normal funcionamiento de las mutuas colaboradoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social.En un contexto de Presupuestos prorrogados desde 2023, el Ejecutivo ha recurrido a un total de 39 ampliaciones presupuestarias para evitar la parálisis operativa de estas entidades, según consta en documentos oficiales remitidos por la Seguridad Social al Congreso y a los que ha tenido acceso Europa Press.
Las concesión de créditos extraordinarios y los suplementos de créditos están regulados en la Ley General Presupuestaria de 2003, que también obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un informe trimestral de los créditos concedidos.
En el primer trimestre del año, el Ejecutivo tuvo que autorizar trece operaciones de este tipo por un importe total de 76,16 millones de euros. En el segundo trimestre del ejercicio la cifra se elevó hasta los 121,2 millones de euros en 26 operaciones.
Pago de nóminas
Los diferentes créditos concedidos, según consta en el documento, se han utilizado para hacer frente a las nóminas del personal, a gasto corriente en bienes y servicios y diferentes inversiones necesarias no contempladas en la planificación de hace tres años.
