OpiniónUna polémica decisión de la Fiscalía vuelve a poner a prueba la confianza ciudadana en la justiciaUniversidad Nacional Foto: Néstor GómezEDITOR GENERAL19.07.2026 08:03 Actualizado: 19.07.2026 08:03

Durante los estallidos sociales de 2021 –que nadie quiere repetir– grupos de vándalos por poco acaban con Bogotá. Y en municipios pequeños quemaron casas de justicia, alcaldías, bloquearon vías, agredieron ambulancias y demás. Acá intentaron incendiar TransMilenio, CAIS con policías adentro, destruyeron mobiliario, locales comerciales, entidades financieras, asesinaron personas en medio de los bloqueos, se denunciaron violaciones de mujeres, se tomaron conjuntos residenciales, parques públicos y miles de personas no encontraron refugio ni forma alguna de llegar a sus hogares.Con el pasar de los meses, las autoridades fueron identificando a varios de los autores de estas tropelías. Hubo capturas y se iniciaron procesos judiciales para que los responsables pagaran por lo que hicieron. Y pese a que este Gobierno que termina ha intentado minimizar todas estas barbaridades, aún siguen encartadas judicialmente más de una decena de personas que sembraron el miedo en esos días de horror.Caso aparte fueron otras manifestaciones, duras, frenteras, pero pacíficas. Que quedaron opacadas con la actuación de estos bárbaros. En esas que fueron pacíficas y estaban organizadas por universitarios –y fui testigo de ellas– había música, arte, consignas, movilización y eran claras sus reclamaciones.Once de los vándalos capturados posteriormente fueron sindicados por la justicia como terroristas. Así se tipificaron sus acciones por parte de la Fiscalía General. Un término que da cuenta de la gravedad de sus acciones. La decisión del ente generó optimismo entre quienes reclamaban justicia. Y también confianza, porque por fin había un organismo consciente de que lo que sucedió no podía quedar impune.Estos vándalos pertenecían a una estructura denominada ppp, primera línea por el pueblo. La Fiscalía los acusó de infiltrarse en universidades para labores de reclutamiento, ataques contra estaciones de policía, fabricación de artefactos explosivos, vandalismo contra bienes públicos y privados. Se les imputaron delitos como concierto para delinquir, terrorismo, fabricación o porte de armas, daños en bien ajeno, violencia contra servidor público, bloqueo de vías y un largo etcétera. No obstante, cuando todos hablaban de que se había hecho justicia, esta semana la misma Fiscalía que los señaló de todos estos delitos, expidió una resolución donde se da traslado del caso a otra fiscal para ser tratado como un acto de protesta social. Es decir, estos personajes quedan a merced de la justicia restaurativa.Lo sucedido con el traslado del caso de once vándalos a la justicia restaurativa genera muchas dudas. ¿No se abre acá una peligrosa puerta para las protestas que ya anuncian figuras del gobierno saliente?Ernesto CortésEditor GeneralPalabras más, palabras menos, los críticos de esta decisión sostienen que ello podría cambiar la tipificación de la conducta y los once señalados tendrían un trato más benigno, se perderían años de investigación sustentada y eventualmente todos quedarían libres por decisión de la justicia o porque los casos prescriben.Universidad Nacional Foto:Néstor GómezPara la Fiscalía no es así. Según la entidad, este cambio de fiscal no archiva el proceso ni absuelve a los implicados. Y añade que hay que tener en cuenta que los hechos ocurrieron en el marco de una protesta social.Pero es que ese es el punto. Resulta que bajo el amparo de la protesta social algunos podrían cometer actos catalogados por la propia Fiscalía como terrorismo y rotularlos luego como propios de una manifestación. No se entiende. Como decía, en esos actos hubo homicidios, no se dejaba transitar ni a las ambulancias. La señora Epa Colombia fue condenada ejemplarmente justo por eso: por coger a martillo una estación de TransMilenio en el marco de las mismas protestas.Con esta decisión, ¿dónde quedan los derechos de las victimas? ¿Quién repara a la familia que perdió a su hijo asesinado en Las Américas durante estos actos? ¿Por qué se toma esta decisión un día antes de la acusación? ¿No se abre acá una peligrosa puerta para las protestas que ya anuncian figuras del gobierno saliente? No hay que olvidar que fue este gobierno, que se ve beneficiado con la resolución de la Fiscalía, el que le otorgó estatus de gestora de paz a la mujer señalada de participar en el atentado contra el centro Andino en 2017 y que dejó tres mujeres muertas y a otra en condición de discapacidad de por vida. Hoy está prófuga.¿Qué pasa con la confianza que la justicia había ganado con este caso?ERNESTO CORTÉS FIERROEditor GeneralEL TIEMPO@ernestocortes28erncor@eltiempo.comLea también: Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.