NoticiaUna resolución de la fiscal Luz Adriana Camargo cambió el despacho que llevaba uno de los procesos por terrorismo de las protestas en Bogotá.Manifestantes en enfrentamiento con la policía. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPOSUBEDITOR DE JUSTICA16.07.2026 11:54 Actualizado: 16.07.2026 11:54
El futuro de uno de los procesos por presuntos actos de terrorismo ocurridos en Bogotá dio un giro tras una decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación. Una resolución del pasado 16 de junio, revelada po Noticias Caracol, señala que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, modificó la asignación del expediente que involucra a 11 personas capturadas y acusadas por su presunta participación en una estructura señalada de cometer ataques contra la fuerza pública, buses de TransMilenio y bienes públicos. Uno de los casos se registró el 15 de marzo de 2024, cuando una patrulla de la Policía Nacional fue atacada con explosivos causando lesiones a un uniformado. También se registró la quema de una motocicleta al interior de la Universidad Nacional (21 de marzo de 2024) y la incineración de un bus del Sitp (25 de abril de 2024), esas acciones se les atribuyen a los 11 hombres señalados de integrar una organización autodenominada ‘los Nadie’ y ‘los Arruera’, quienes estarían detrás de los violentos disturbios en los alrededores de las instalaciones de la U. Nacional.Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que se desarrolló entre 2024 y 2025, permitió poner al descubierto esta red que en varias oportunidades alteró el orden de la ciudad y, como lo explicó el mismo ente investigador, usó bombas molotov y ‘papas bomba’ para atacar tanto a la fuerza pública como al sistema de transporte de la ciudad. El grupo fue destamtelado por la Fiscalía y llevados ante la justicia. Protesta de estudiantes de la Universidad Nacional. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPOAhora bien, la investigación de noticiero, señala que el proceso llevado contra el grupo con la nueva directriz dejó de estar en manos de una fiscalía especializada y fue trasladado a dos fiscales adscritos al Grupo de Tareas Especiales para investigar la protesta social, una dependencia creada el mismo día en que fue expedido el acto administrativo. La resolución de 5 páginas, sustenta el cambio de despacho en que la Fiscalía tiene la facultad constitucional y legal de “asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos” cuando la necesidad del servicio, la gravedad o la complejidad del asunto así lo exijan, además señala que la variación de asignación y la asignación especial son mecanismos excepcionales de competencia exclusiva de la Fiscal General y que, además, la Ley 906 de 2004 autoriza la creación de grupos de tareas especiales cuando el desarrollo de una investigación así lo requiera.En la motivación de la resolución, la Fiscalía explica que el traslado del expediente busca que el caso sea analizado bajo un enfoque especializado para los hechos ocurridos en contextos de "protesta social". Según el acto administrativo, “la variación de asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al Grupo de Tareas Especiales, con competencias funcionales articuladas para examinar, de manera integral, la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o de terminación anticipada, cuando ello resulte jurídicamente viable”. El documento también sostiene que concentrar el expediente en la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa permitirá mantener “coherencia en los criterios de análisis” y dar continuidad a la estrategia institucional frente a los hechos asociados a la protesta social, sin dejar de investigar las conductas que constituyan delitos. La resolución de la Fiscalía. Foto:CortesíaLa decisión marca un cambio frente a la línea que la misma Fiscalía había sostenido durante la investigación, pues en marzo de este año, la fiscal especializada que llevaba el caso presentó escrito de acusación contra los 11 procesados por ocho delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de municiones o explosivos, y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado cuando se realiza con fines terroristas.El expediente fue construido con diferentes elementos de prueba, entre ellos aparecen informes de agentes encubiertos, declaraciones de testigos, interceptaciones telefónicas, análisis de comunicaciones y ubicación de dispositivos celulares. Ese material probatorio fue valorado por dos jueces de Bogotá, quienes avalaron la legalidad de la investigación y ordenaron que los capturados permanecieran privados de la libertad mientras avanzaba el proceso.Disturbios en la Universidad Nacional Foto:Redes socialesEn una de esas decisiones judiciales, el despacho sostuvo que existían elementos suficientes para inferir la existencia de una organización criminal. “Digamos asociarse o el concertarse para la comisión de delitos indeterminados en el tiempo, digamos más frente al delito de o fines de terrorismo y digamos la violencia exacerbada que se produce en muchos de esos eventos, la intencionalidad (…) de quererlos quemar, de amenazar con quema de buses por parte de la organización general. Considera este despacho son hechos demasiado graves”, señaló el juez durante la audiencia.La investigación atribuye a los procesados hechos que... pusieron en riesgo la vida de decenas de personas. Uno de los episodios incluidos en el expediente corresponde a un ataque contra un bus de TransMilenio en el que viajaban cerca de 80 ciudadanos. Ese hecho fue uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía para sustentar la gravedad de los cargos y solicitar las medidas de aseguramiento. LEA TAMBIÉN Las autoridades distritales también respaldaron los resultados de la investigación una vez se produjeron las capturas. En ese momento insistieron en que dos jueces de la República habían validado los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía y aclararon que las personas procesadas no tenían la condición de estudiantes, una circunstancia que había sido objeto de debate durante el desarrollo del caso.Con el traslado del expediente a la Unidad de Justicia Restaurativa, el proceso entra ahora en una nueva etapa. Aunque la resolución no modifica los cargos formulados ni deja sin efecto las decisiones judiciales adoptadas hasta el momento, sí cambia el enfoque institucional desde el cual la Fiscalía continuará evaluando uno de los casos por terrorismo que ha tenido mayor repercusión en Bogotá.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
