El Puerto Deportivo Campomanes de Altea vive un verano tranquilo tras el cese de hostilidades entre la concesionaria Marina Greenwich, compañía del empresario y amigo de Eduardo Zaplana Robert Batouche, y los amarristas, propietarios de los yates de lujo y embarcaciones atracados en el recinto. En este conflicto por el precio de los amarres tras el fin de la concesión de cincuenta años ha tenido que mediar la Generalitat Valenciana después de que se produjeran actos de “perturbación” en el uso de los amarres y la colocación de carteles críticos contra los gestores. Con toda probabilidad, la disputa acabará en los tribunales. Pero será después del verano.
El origen del conflicto está en el fin de la concesión de cincuenta años (1976-2026) de Marina Greenwich. La compañía ha conseguido una prórroga de diez años y entiende que, con la finalización de la concesión original, también deben extinguirse las condiciones de las que disfrutan desde hace décadas los amarristas, con tarifas congeladas y por debajo del precio de mercado. Algunos de ellos, incluso, han inscrito los amarres como de su propiedad, ya que en su día pagaron una cantidad por ellos. Los usuarios de Marina Greenwich sostienen que la concesionaria pretende dar un “pelotazo” con la prórroga, que podría generar al amigo de Zaplana “un beneficio potencial de unos 40 millones de euros”, según defendió en un artículo de opinión publicado en Alicante Plaza Gonzalo Pons-Trénor, secretario del Club Náutico Campomanes y abogado.
