El Gobierno ultima un decreto que mejore la calidad de los estudios, mientras se multiplican las quejas por prácticas abusivas, como falta de transparencia en la contratación o en las prácticas
La Formación Profesional a distancia es una etapa al alza en España. Ha cuadruplicado su oferta en apenas siete años y está en el punto de mira del Ministerio de Educación, que prepara un nuevo decreto para finales de mes para regular los centros privados, después de que la ministra Milagros Tolón denunciara que hay títulos “que se imparten en garajes“. Esos abusos a los que espera poner coto el Gobierno han saltado también a la denuncia pública. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que almacena centenares de quejas―solo en 2024, sus últimos datos disponibles, son 322― ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra nueve centros de formación (ocho de ellos ofertan FP en línea) por malas prácticas.
Entre las principales quejas, están las que echan en falta tutorías (o piden que sean de más calidad) o el acceso a unas buenas prácticas laborales, las que denuncian una financiación abusiva o engañosa, o centradas en el incumplimiento de lo prometido en la venta, el material desactualizado u opacidad en los contratos. Los centros denunciados son: Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, Doméstika (no imparte FP), Formia, MasterD y Medac Davante (estas dos últimas empresas se han unido). Tras enviar correos y llamadas a todos estos centros, este periódico solo ha conseguido contactar con cinco. Las tarifas anuales de estos estudios oscilan entre los 3.000 y 6.000 euros.El Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, evita pronunciarse sobre la denuncia a preguntas de este periódico alegando que “como norma general” no da información sobre estos procesos.
