La confianza es un activo fundamental de las sociedades modernas: permite asociarse y desarrollar proyectos de vida confiando en instituciones que no controlamos ni comprendemos del todo. La teoría social del siglo XX coincidió en que el desarrollo requiere confianza en sistemas complejos. Luhmann (reducción de complejidad), Giddens (seguridad ontológica) y Fukuyama (condición de la prosperidad) explicaron así el éxito de las sociedades desarrolladas.
Una década de controversia indica que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) adolece de la confianza que requiere el principal mecanismo de acceso a la educación para el 91% de las familias chilenas. La Ley de Inclusión de 2015 sorteó su continuidad por un voto dirimente del Tribunal Constitucional, y desde entonces el SAE no ha alcanzado la legitimidad de sistemas similares en países desarrollados.
El miércoles pasado la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto que reforma el SAE. Se espera que el gobierno ingrese indicaciones a una iniciativa criticada por el mundo académico, pero bien recibida por familias afectadas, sostenedores y centros de estudios afines al oficialismo.
Las críticas al SAE son, en el fondo, problemas de confianza pública en un sistema experto: la asignación aleatoria genera incertidumbre; las reglas de justicia distributiva chocan con el proyecto moral del país; la heterogeneidad en la calidad de los colegios hace riesgoso confiar en cualquier resultado, y la digitalización obliga a confiar decisiones sobre los propios hijos e hijas a un proceso remoto.
