El Gobierno creyó estar por el camino correcto cuando quiso separar el fútbol de la política. Pero en ese camino, la prohibición de banderas terminó de blindar a un país entero detrás de un reclamo que no dejó de crecer desde que se confirmó que Argentina jugaría la semifinal del Mundial contra Inglaterra. La censura expuso un consenso del que el Gobierno, por ser su portavoz, quedó totalmente ajeno. Bastó con que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se convirtiera en la encargada de anunciar que los hinchas argentinos no podrían ingresar al estadio con banderas de Malvinas para que finalmente suceda lo que ya se empezaba a sentir: un partido de fútbol se transformaría en mucho más que un partido. Monteoliva podría haber dejado que el protocolo FIFA hiciera su trabajo, como en cualquiera de los otros partidos del Mundial. En cambio, se puso al frente como vocera de la restricción, la justificó en cadena de radios y hasta explicó la logística: los argentinos entrarían por la puerta 4, los ingleses por la puerta 3. Dijo que buscaban que “el festejo sea en paz”. El resultado fue el opuesto: convirtió al Gobierno en el rostro visible de una censura.
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