El mileísmo ha presentado su política hacia el Estado como una operación de saneamiento. Reducir estructuras, eliminar organismos, despedir personal, fusionar dependencias, recortar presupuestos y desregular funciones serían, desde esta perspectiva, distintas manifestaciones de una misma tarea histórica: liberar a la sociedad de una maquinaria burocrática parasitaria que consume recursos sin producir valor. Sin embargo, resulta absurdo mezclar a un ministerio artificialmente superpoblado o una oficina sin función precisa, con un organismo de investigación o una agencia regulatoria. Todos, contablemente, serían “gasto público”, pero algunos son inversión futura. No distinguirlos revela incompetencia, ignorancia o mala fe. El relato de atacar a la “burocracia parasitaria” posee una fuerza política evidente porque se apoya en una experiencia real. Durante décadas, amplios sectores de la sociedad argentina vieron crecer un Estado incapaz de resolver problemas elementales, que multiplicaba trámites, superponía organismos, degradaba servicios y convertía estructuras administrativas en territorios de reproducción política. La crítica a la burocracia no nació con el mileísmo, ni puede reducirse a una invención libertaria: se alimenta de un deterioro efectivo de la capacidad estatal.