Actualizado Viernes,
julio
12:37La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre el caso del 'herman�simo' conocida esta semana no ha frenado las estrategias judiciales ni de los abogados de los condenados ni tampoco los de la acusaci�n. El �ltimo movimiento lo protagoniza el sindicato 'Manos Limpias', que fue quien present� la querella en mayo de 2024 en el Juzgado n�3 de Badajoz por el que comenz� la investigaci�n judicial. Ahora, acaba de solicitar al tribunal la "aclaraci�n, subsanaci�n y complemento de la referida resoluci�n judicial" al considerar que Miguel �ngel Gallardo, ex presidente de la Diputaci�n, tuvo responsabilidad al ser el m�ximo dirigente de esta instituci�n en la contrataci�n irregular de Luis Mar�a Carrero, el amigo personal de David S�nchez P�rez-Castej�n, que estaba trabajando como asesor de Comunicaci�n en el Palacio de Moncloa y que pas� a trabajar en enero de 2024 al servicio del hermano del presidente del Gobierno en el organismo provincial. Se trata del llamado 'Bloque C' de la sentencia, que hace referencia al 'hermanito', t�rmino con el que se dirig�a por correo electr�nico Luis Mar�a Carrero cuando desde Moncloa trabajaba ya como colaborador de David S�nchez para la Diputaci�n antes de que se crease una plaza confeccionada para �l, seg�n se recoge en los hechos probados de la sentencia. Gallardo ha sido declarado culpable por prevaricaci�n (18 a�os de inhabilitaci�n) en los denominados 'Bloque A' (confecci�n de la plaza de Coordinador de Actividades Musicales de los Conservatorios y su adjudicaci�n al m�sico madrile�o) y por el 'Bloque B' (creaci�n de un nuevo puesto de alto cargo para David S�nchez, ya estando dentro del organigrama de la Diputaci�n, el de Jefe de la Oficina de Artes Esc�nicas, y por las "preferencias personales" del hermano del presidente del Gobierno). Durante la sesi�n del juicio, Juan Jos� Torres, abogado de Miguel �ngel Gallardo consigui� que el ex secretario general de los socialistas extreme�os no fuera acusado por esta cuesti�n al exponer que en la fase de instrucci�n nunca fue investigado, ni interrogado, por esta cuesti�n, ni tampoco la juez Beatriz Biedma apunt� indicios contra �l en este apartado en el auto de procedimiento abreviado. La magistrada consider� entonces que no se trataba de la contrataci�n de un alto cargo (como s� ocurri� con David S�nchez) y por lo tanto el presidente de la Diputaci�n no ten�a responsabilidad en el concurso que propici� la plaza (s�lo se present� el ex asesor de Moncloa al puesto) para Luis Carrero. Por esta responsabilidad s� fueron condenados por prevaricaci�n a nueve a�os de inhabilitaci�n el propio Carrero; el Diputado de Cultura y ex l�der del PSOE de Badajoz, Ricardo Cabezas, y el director del �rea de Identidad Cultural, Manuel Candalija. Por el contrario, el ex l�der del PSOE ha salido absuelto de la creaci�n del puesto de Jefe de Secci�n de Centros y Programas Transfronterizos que ocup� Luis Mar�a Carrero: "Sobre dicho delito, en tr�mite en cuestiones previas, se expuls� por la Sala del �mbito subjetivo de enjuiciamiento la acusaci�n exclusivamente frente al acusado don Miguel �. Gallardo, reserv�ndose, en todo caso, esta parte del derecho a volver a querellarse por tal concepto contra el mismo", se�ala Manos Limpias en su escrito a la Audiencia de Badajoz. En este sentido, a�ade que dicho tribunal "debe pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes, entre las que se encuentra la reserva formulada y ello para evitar la indefensi�n de la acusaci�n y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, motivo por el que solicitamos se complete la sentencia, pronunci�ndose sobre dicha reserva de acciones penales y civiles contra Miguel �ngel Gallardo". Adem�s, 'Manos Limpias' pide que en la sentencia se detalle las acusaciones concretas que hizo cada acusaci�n popular en las conclusiones definitivas ("esta omisi�n no es una cuesti�n meramente formal sino que afecta a la integridad del objeto del proceso". En este sentido, a�ade que la sentencia, en su fundamentaci�n jur�dica alude a un posible "fraude de ley" o intento de eludir la prescripci�n (del bloque A correspondiente a David S�nchez) mediante la mutaci�n de calificaciones jur�dicas, pero el sindicato se�ala que esta cr�tica no es aplicaba a su trabajo en la Sala y recuerda que aceptaron la prescripci�n del delito que solicit� el abogado del hermano del presidente del Gobierno. ASOCIACI�N DE LA MAGISTRATURAPor otra parte, este viernes la Asociaci�n Profesional de la Magistratura ha emitido un comunicado en el que alerta sobre la "la deslegitimaci�n sistem�tica de los jueces" cuando las resoluciones "no coinciden con las expectativas" erosiona la confianza en la justicia. Todo ello en relaci�n a la sentencia conocida esta semana sobre el caso de David S�nchez. Dicha asociaci�n se ha referido a las manifestaciones p�blicas que se han hecho en torno a la sentencia que condena a 9 a�os de inhabilitaci�n para ejercer cargo p�blico al hermano del presidente del Gobierno: "En un estado de derecho las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de cr�tica jur�dica, y en su caso de los recursos legalmente previstos", pero "son incompatibles con el respeto, debido a la independencia judicial, las descalificaciones personales o las manifestaciones que atribuyen a los jueces motivaciones ajenas al ejercicio imparcial de su funci�n jurisdiccional", ha se�alado. As�, considera que "los jueces resuelven los asuntos mediante resoluciones motivadas, fundadas en el ordenamiento jur�dico y sujetas al control de los tribunales superiores a trav�s del sistema de recursos; ese es el cauce propio de un Estado de derecho". De otro lado, ha expresado su respaldo institucional "al compa�ero que ha intervenido en este procedimiento y a todos los integrantes del Poder Judicial que ejercen su funci�n con sometimiento exclusivo a la Constituci�n y a la ley". Adem�s, ha hecho un llamamiento a todos los responsables p�blicos para que sus manifestaciones "contribuyan al respeto de las instituciones y preserven la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Por �ltimo, a�ade que "la deslegitimaci�n sistem�tica de los jueces cada vez que una resoluci�n no coincide con las expectativas de una de las partes no solo afecta a quienes la dictan, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en una de las instituciones esenciales del Estado de derecho"
