El ministro de Justicia pidió revisar unas 70.000 denuncias paralizadas tras detectar negligencias en el caso de la violación y muerte de la niña de 11 años
El asesinato de Lyhanna, la niña de 11 años que fue secuestrada y violada presuntamente por un hombre que había sido denunciado previamente por violar a otras menores, provocó un terremoto en Francia. El asunto reveló de forma cruda los problemas crónicos en la justicia en Francia para gestionar las denuncias sobre violencia sexual. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, acosado por las peticiones de dimisión, pidió a los fiscales generales que se revisaran 70.000 denuncias que implicaban a menores y que no habían tenido seguimiento. Puso fecha límite: el 14 de julio. En cinco semanas, los magistrados han reabierto 1.350 investigaciones y ordenado prisión preventiva para 675 personas sospechosas de haber cometido abusos contra menores.
El escándalo de Lyhanna fue mayúsculo. El detenido, de 41 años y padre de dos hijos que iban al mismo colegio que la víctima, había sido denunciado hasta en cinco ocasiones. Pero las demandas se desestimaron. Una cadena de negligencias que desató una ola de indignación popular culminó con concentraciones delante de los grandes tribunales del país y del Ministerio de Justicia.
