Sin una fuerte inversión en infraestructura, la Argentina difícilmente podrá sostener el crecimiento y mejorar su competitividad. Esa fue la principal advertencia que dejaron representantes del agro, la industria, la construcción, el sistema financiero y los sindicatos durante una jornada organizada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) en la Exposición Rural de Palermo. Allí señalaron que el país arrastra un déficit acumulado durante décadas: reconstruir el stock existente demandaría US$1,5 billones y solo su mantenimiento requiere unos US$25.000 millones por año.El diagnóstico fue compartido por dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Con distintos matices, todos coincidieron en que la infraestructura requiere mucho más que recursos. También hacen falta estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y financiamiento de largo plazo para que las inversiones puedan concretarse.Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, advirtió sobre el impacto del atraso en las obras. Según explicó, reconstruir desde cero el stock de infraestructura del país demandaría US$1,5 billones, y a valor de reposición ya amortizado, la cifra baja a US$600.000 millones. Solo mantener la infraestructura existente requiere unos US$25.000 millones por año — el 4% del PBI que marcan los estándares internacionales —, el doble de lo que hoy destina el Estado. “Sin infraestructura no vamos a ser competitivos; sin eso, es muy difícil que la industria pueda competir en términos internacionales, que el agro, en vez de producir 100 millones de toneladas, pase a producir 150 o 180”, afirmó. Habla Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)Pilar CamachoPara el dirigente, el desafío también pasa por definir cómo se financiarán las obras. “Tanta inversión privada como sea posible, pero tanta inversión pública como sea necesaria”, resumió. Además, aclaró que la inversión pública no depende únicamente de la Nación, sino también de las provincias y los municipios.Pero conseguir los recursos es solo una parte del problema. Para Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), las obras de infraestructura requieren inversiones con plazos de recupero de entre siete y quince años y, por eso, la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica son condiciones indispensables. “Cuando no hay seguridad jurídica, es un gran factor para que esta infraestructura no se desarrolle”, afirmó.También advirtió que la Argentina destina hoy alrededor del 2% del PBI a infraestructura, cuando los estándares internacionales ubican esa inversión entre el 4% y el 5%. “Hemos abusado de los stocks”, dijo, al señalar que el país sigue utilizando infraestructura construida hace décadas sin invertir lo suficiente para mantenerla ni ampliarla. Aun así, consideró que el crecimiento de sectores como la minería y la energía representa una oportunidad para replantear las obras que necesitará el país. “Creo que es una gran oportunidad para redefinir toda la infraestructura que se va a necesitar en todos los aspectos: la minería, la energía, la industria. La infraestructura es para todos, pero por sobre todo para nuestra producción”, afirmó.Weiss, Rappallini, Grinman y Gismondi