La Reforma Agraria de 1969 en Perú originó una deuda por bonos que en muchos casos no fue pagada a su valor real. Son casi 300.000 adeudos pendientesLos casi 300.000 exterratenientes y herederos que aún esperan una compensación por la Reforma Agraria ejecutada en Perú en los años setenta podrán ser reparados, paradójicamente, con la adjudicación de nuevas tierras estatales, tras la publicación del Decreto Supremo Nº 135-2026-EF por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta medida cumple una orden directa del Tribunal Constitucional (TC), que determinó la inconstitucionalidad de la fórmula previa de pago y exigió un procedimiento actualizado, mediante una sentencia emitida y notificada en febrero de este año. Según estimaciones de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), la compensación podría alcanzar un total cercano a 1.000 millones de dólares.PUBLICIDADLa Reforma Agraria de 1969, impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, expropió grandes extensiones de tierras para redistribuirlas entre campesinos y cooperativas. A cambio, el Estado entregó bonos que, en muchos casos, nunca fueron pagados a su valor real. Durante décadas, miles de familias aguardaron una solución, mientras la deuda seguía acumulando intereses y controversias. La compensación efectiva para los expropiados se mantuvo como una deuda histórica, con procesos administrativos y judiciales que, hasta hoy, no lograban cerrar el capítulo.Dada la antigüedad del proceso, gran parte de los actuales reclamantes son herederos de los expropiados originales, lo que amplía el alcance familiar y generacional de la compensación.Y es ahí donde aparece la sentencia 11/2026 del TC, que marcó un punto de inflexión al declarar inválida la metodología de actualización establecida por el Estado en el Decreto Supremo 242-2017-EF. PUBLICIDADEl alto tribunal no solo ordenó aprobar una nueva fórmula basada en el tipo de cambio de paridad y la tasa de los Bonos del Tesoro Americano, sino que también obligó a reabrir los procedimientos administrativos para que los bonistas pudieran presentarse y exigir el pago. El plazo de 60 días hábiles asignado al MEF venció en mayo, pero la publicación del decreto recién se concretó esta semana, según informó Mario Seoane Linares, asesor legal de la ABDA, en diálogo con Infobae Perú.Por primera vez, los beneficiarios podrán combinar distintas formas de pago según sus preferencias y necesidades, lo que introduce una flexibilidad inédita en la resolución de esta deuda histórica.El nuevo decreto establece que los bonistas podrán elegir cómo desean ser compensados: pago en efectivo (hasta 100.000 soles por año, en un máximo de ocho años), bonos soberanos, tierras estatales o canje por inversión en sectores priorizados por el Estado. Incluso, podrán combinarlos.PUBLICIDADPrecisamente, la ABDA destaca la posibilidad de recibir tierras dentro de grandes proyectos de irrigación que lleva a cabo el Gobierno peruano para promover la agroexportación, como Chavimochic, Chinecas y Olmos, entre otros. Esto representa no solo una forma de reparación económica, sino también una oportunidad para volver a la agricultura con acceso a infraestructura moderna. Y es que muchos nunca salieron del todo del negocio. “Muchos bonistas desean ser compensados con tierras para retomar actividades productivas”, señaló Mario Seoane Linares, asesor legal de la ABDA.Tradicionalmente, se cree que la Reforma Agraria solo afectó a los grandes tenedores de tierras en el Perú. Sin embargo, según cifras de la ABDA, el 80% de los bonos pendientes pertenecen a pequeños y medianos agricultores de regiones como Puno, Cusco, Huánuco, Cajamarca, Piura y Tumbes.PUBLICIDADEl 20% restante corresponde a grandes complejos agroindustriales, la mayoría de los cuales ya cobró o vendió sus bonos en el pasado. Pero el reglamento prevé también la posibilidad de reintegro para aquellos bonistas que ya cobraron con la fórmula anterior, declarada inconstitucional, según Seoane.Estas personas podrán solicitar una actualización de su pago y acceder a la diferencia que resulte de la nueva metodología. El MEF deberá evaluar caso por caso y efectuar el ajuste correspondiente.Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional mantendrá la potestad de supervisar la implementación del proceso y exigir correcciones si detecta que la ejecución no se ajusta plenamente a lo dispuesto en su sentencia.El nuevo proceso administrativo se desarrollará en tres etapas: verificación de la autenticidad de los bonos, registro de los propietarios actuales y determinación del valor actualizado junto con la modalidad de pago elegida. PUBLICIDADTodo el procedimiento será supervisado por el TC, que deberá asegurar que el MEF cumpla fielmente con la sentencia y, en caso necesario, podrá ordenar ajustes adicionales en el futuro.“El bonista tiene derecho legal a elegir la modalidad y que el Estado debe acatar esa decisión, eliminando el antiguo requisito de aprobación por parte del MEF”, refiere el asesor legal de la ABDA. Según Seoane, el Decreto Supremo Nº 135-2026-EF especifica que la nueva metodología se aplicará de inmediato a todos los procedimientos en trámite y pagos pendientes, tanto judiciales como administrativos. Además, quienes no pudieron presentarse anteriormente podrán acogerse a un nuevo procedimiento administrativo.La Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) agrupa actualmente a unos 2.500 miembros activos, aunque el universo total de potenciales beneficiarios, entre expropiados y herederos, se estima en 300.000 personas.Desde la década de los setenta, Perú emitió bonos por más de 12.000 millones de soles, de los cuales una parte fue pagada y otra invertida en programas como Fofipei. La deuda pendiente se estima en 3.000 millones de soles (unos 1.000 millones de dólares), según ABDA, con un universo total de afectados que puede llegar a 300.000 personas. PUBLICIDADAdemás, el conflicto tuvo un alcance internacional: en su momento, el fondo estadounidense Gramercy adquirió bonos y litigó ante el CIADI, logrando un acuerdo por 85 millones de dólares que sentó precedente en la consideración de estos títulos como instrumentos de inversión internacional.El Estado peruano tiene ahora la oportunidad de cerrar una de sus heridas históricas más prolongadas del siglo XX, regularizando la situación de miles de familias expropiadas, aunque sometiendo a más presión sus finanzas públicas.Juan Velasco Alvarado, figura central en la política peruana del siglo XX, murió el 24 de diciembre tras liderar reformas agrarias, educativas y nacionalistas en el país. (BNP)La Reforma Agraria en el Perú, promulgada el 24 de junio de 1969 mediante el Decreto Ley 17716 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, fue un proceso radical de transformación social y económica que buscaba eliminar el sistema de latifundios (grandes extensiones de tierra en manos de pocos dueños) y acabar con la explotación del campesinado bajo el lema “¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!”. El régimen expropió alrededor de 9 millones de hectáreas de tierras de cultivo y ganaderas, pertenecientes a haciendas tradicionales de la sierra y modernos complejos agroindustriales de la costa, entregándolas a los trabajadores agrícolas organizados en cooperativas y sociedades de interés social.PUBLICIDADAunque la medida representó una histórica reivindicación social y de dignidad para millones de familias rurales, en el plano económico generó un severo declive. Las nuevas estructuras asociativas, como las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPS) y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), sufrieron de una deficiente gestión administrativa, falta de asistencia técnica y carencia de tecnología, lo que provocó una caída drástica en la productividad agrícola y desabastecimiento de alimentos en las ciudades. Esto fragmentó el campo peruano, transformando el mapa de la propiedad rural en minifundios (parcelas muy pequeñas) y dejando una honda secuela de estancamiento económico que tomó décadas revertir.