NoticiaAsimismo, la entidad identificó que la sustitución de cultivos ha contado con recursos suficientes, pero no ha tenido mayores efectos.Contraloría alerta que faltan millonarios recursos y que la transformación del campo está lejos de cumplirse Foto: Archivo14.07.2026 16:24 Actualizado: 14.07.2026 16:29
A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, la Contraloría General de la República advirtió que la implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural que podría poner en peligro el cumplimiento de los compromisos pactados hasta el 2031. El órgano de control concluyó que, pese a la millonaria inversión realizada durante la última década, de más de $127 billones, los cambios esperados en los territorios más afectados por el conflicto aún no se reflejan en resultados concretos.El análisis financiero del órgano de control señala que el problema tiene origen en la firma del Acuerdo en 2016. Según se explicó en el informe, aunque en los últimos años se han actualizado las metas físicas de implementación, el componente financiero continúa calculándose con base en las proyecciones elaboradas en 2017, sin incorporar los costos reales estimados a 2025.“No se ha corregido a 2025 la subestimación de recursos, pues aunque se han ajustado las metas físicas, el componente financiero sigue igual”, advirtió la Contraloría al presentar el balance sobre la ejecución de los recursos destinados a la paz, a través de un comunicado público.Entre 2017 y 2026, el Estado ha ejecutado y apropiado $138,11 billones (incluyendo lo apropiado para 2026), cifra equivalente al 65 % de los $211,8 billones proyectados inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017. Sin embargo, el organismo advirtió que esa referencia quedó desactualizada frente a las necesidades reales de la Reforma Rural Integral, cuyo costo asciende a cerca de $331 billones, por lo que los recursos ejecutados apenas representan el 37 % de lo requerido para cumplir la meta fijada para 2031.Presentación del informa de la Contraloría sobre los Acuerdos de Paz en el Teatro Colón Foto:ArchivoLa Contraloría explicó que el cálculo original subestimó el alcance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las necesidades de la ruralidad dispersa y, además, incorporó como recursos nuevos partidas que ya pertenecían al Sistema General de Participaciones. También trasladó obligaciones financieras a municipios que no cuentan con las capacidades fiscales suficientes para asumirlas.“La implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural, que es a la vez un problema de origen y de gestión”, agregó el organismo, al advertir que las dificultades no solo tienen su origen en una insuficiencia de recursos, sino también a la forma en que estos se distribuyen y administran.El informe también evidenció una alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, que financia el 67 % de toda la implementación. A ello se suma la limitada participación de recursos territoriales, la concentración de inversiones en algunos componentes del Acuerdo y las dificultades para rastrear con precisión el destino de buena parte de los recursos públicos.En el caso del Sistema General de Regalías, que aporta el 17 % del financiamiento, la Contraloría encontró señales de alerta. Aunque el OCAD Paz ha aprobado 1.068 proyectos por $10,77 billones y en 2021 se autorizó un anticipo excepcional de regalías futuras por $6,73 billones, actualmente permanece cerca de un billón de pesos en proyectos aprobados que aún no han sido contratados, la mitad de ellos durante 2025.El organismo también cuestionó la calidad del gasto. Si bien el 90,4 % de los proyectos se encuentra alineado con los objetivos del Acuerdo, apenas el 34,4 % permite identificar con claridad la inversión realizada en municipios PDET y aún no existe un sistema que haga seguimiento específico a los recursos destinados a enfoques étnicos y de género.El informe también llamó la atención sobre el lento avance en la reducción de la pobreza extrema rural. Según los cálculos del organismo, durante los últimos diez años este indicador apenas disminuyó 0,3 %, mientras que en los dos años más recientes el descenso promedio fue de solo 0,75 puntos porcentuales anuales. Si ese ritmo se mantiene, Colombia tardaría cerca de 29 años más, hasta 2053, en acercarse a la erradicación de este fenómeno.Ante ese panorama, la Contraloría insistió en que no basta con incrementar los recursos destinados a la implementación. Consideró de urgencia mejorar la calidad del gasto público, fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, y focalizar mejor las inversiones para lograr intervenciones integrales en las regiones más afectadas por el conflicto.“Las entidades responsables deben mejorar sustancialmente el reporte de sus cifras, así como la identificación específica de recursos y contratos en plataformas de acceso público, de manera que la ciudadanía pueda ejercer un control social efectivo sobre la ejecución de la paz”, agregó el ente de control.Presentación del informa de la Contraloría sobre los Acuerdos de Paz en el Teatro Colón Foto:ArchivoEl informe también advierte que el contexto de seguridad cambió profundamente desde la firma del Acuerdo. La fragmentación de los grupos armados, la persistencia de las economías ilícitas y la débil presencia institucional en amplias zonas rurales han permitido que nuevas estructuras ilegales ocupen territorios donde el Estado aún no logra consolidar su presencia.En materia de sustitución de cultivos ilícitos, la Contraloría reportó una ejecución de $8,44 billones, equivalente al 65 % de la meta prevista para quince años. Sin embargo, sostuvo que esos recursos no se han traducido en una reducción proporcional de los cultivos ilícitos debido a la falta de infraestructura, vías, acceso a mercados y continuidad de la acción estatal. Además, alertó sobre el posible limbo jurídico del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), cuya ley vigente solo garantiza su existencia hasta mayo de 2027.Finalmente, el organismo concluyó que, sin una estrategia financiera sostenible, mejor articulación institucional y una inversión orientada a resultados concretos, los avances alcanzados durante la primera década podrían ser insuficientes para cumplir los objetivos de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz contemplados en el Acuerdo Final.Jhoan Sebastián Cote - Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
