La Junta Electoral Central ha acordado solicitar a la Oficina del Censo Electoral un informe completo sobre la aplicación de la llamada 'ley de nietos', por la que se concede la nacionalidad española a los descendientes de exiliados. El organismo ha avisado de que la decisión de inscribir a un ciudadano beneficiario en un determinado municipio electoral deberá estar "suficientemente motivada" si no se corresponde con su última residencia en España. Es decir, los ciudadanos que se han acogido a esta ley deberán justificar debidamente las razones por las cuáles se están inscribiendo en una determinada provincia si esta difiere de su domicilio actual. "La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral", reza el texto de la JEC.De esta forma, el organismo responde a las distintas solicitudes que ha recibido en las últimas semanas alertando de la aplicación de esta vía para la obtención de la nacionalidad que está vigente desde finales de 2022. El partido político Iustitia Europa denunció a finales de junio que la aplicación de esta medida supondrá una "manipulación" del censo electoral. Estas declaraciones fueron formuladas por su presidente y abogado, Luis María Pardo, en un mensaje en las redes sociales, en referencia a la particularidad de que los nuevos nacionalizados pueden elegir en qué circunscripción electoral se inscriben en el censo, lo que podría alterar el resultado de unos comicios, especialmente en aquellas provincias menos pobladas y, por tanto, más sensibles ante la llegada de nuevos votantes.Por el momento, el Gobierno no ha aportado datos detallados por provincias de los extranjeros que han conseguido la nacionalidad española gracias a esta ley. Aún se están gestionando miles de expedientes y se desconoce la distribución territorial de todos ellos por lo que los sectores más críticos con esta ley temen que afecte a las futuras elecciones municipales, autonómicas y generales en el país. Por ejemplo, no es lo mismo que 10.000 nacionalizados se registren de golpe en Madrid, cuyo censo ronda los 5 millones, que en Soria, donde solo hay 76.000 censados.