El Partido Popular aviva su ofensiva contra la ley de nietos. Cuatro días después de que la Junta Electoral Central rechazase quitar el voto por correo a los residentes en el extranjero, pero pidiese aclaraciones al Instituto Nacional de Estadística sobre los empadronamientos, el PP se ha aferrado a las dudas expresadas por la JEC y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que “paralice” las nacionalizaciones. En paralelo, la formación de Alberto Núñez Feijóo —quien prendió la polémica al sostener que la norma pretende “fabricar nuevos votantes” con “ingeniería electoral”— ha presentado un escrito ante la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia pidiendo la nulidad de la instrucción que desarrolla el objeto de la Ley de Memoria de 2022. Un movimiento al que se adelantó Vox el jueves pasado, cuando los de Santiago Abascal registraron ya el mismo documento. La exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática de 2022 presenta las nacionalizaciones como una “medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio” y en su disposición adicional octava habla de aquellos “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Pero, unos días después de ser sancionada la norma en el BOE tras su aprobación en el Congreso, el Gobierno publicó el 25 de octubre una instrucción ministerial —a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública—, en la que se extiende ya no solo a los exiliados, sino a “los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles”. Es decir, también a los expatriados por otros motivos, como los económicos.El PP coincide precisamente con que se nacionalice a todos los nietos —no solo a los de los exiliados, sino también los de los emigrados por motivos económicos; por tanto, está de acuerdo con el espíritu de la instrucción—, pero considera que un proceso de tal calado no puede regularse en esa instrucción ministerial ad hoc, que amplía los supuestos sin debate previo del Congreso, según denuncian. Además entienden que en la instrucción se amplía el rango hasta los tataranietos, aunque se habla solo de “nietos” e “hijos”.En su resolución del jueves pasado, la Junta Electoral Central descartó suspender el censo de electores en el extranjero, como pedía Vox, porque se lleva aplicando desde 2011 sin reclamaciones. Pero pide una serie de aclaraciones y un informe a la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, para motivar mejor la atribución de los municipios en los que votar a los nacionalizados por la llamada ley de nietos. “Se encomienda a dicha Oficina la elaboración de una instrucción, que será sometida a esta Junta, y que estará dirigida a las Oficinas Consulares, en la que se precisen los criterios aplicables para la determinación del municipio de inscripción electoral, especificando, entre otros extremos, la forma de acreditar el mayor arraigo propio o de los ascendientes, la documentación justificativa que podrá aportarse y los supuestos y criterios en los que proceda la determinación de oficio del municipio de inscripción”, indica la JEC en su dictamen. Una argumentación que arguye al PP para abonar su discurso contra el Gobierno.“La resolución de la Junta Electoral Central de la semana pasada ha sido bastante esclarecedora: ha dudado del proceso de concesión de estas nacionalidades, reconoce que no es el órgano competente para revocar leyes y entiende que la instrucción se extralimita y pide a la oficina del censo que aclare con criterios homogéneos cómo va a ser el proceso de adscripción a la circunscripción”, ha señalado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, este lunes, en rueda de prensa, tras la reunión del comité de dirección. “Solicitamos la nulidad de oficio de una instrucción que, en nuestra opinión, es nula de pleno derecho y esperamos que el Gobierno paralice la inscripción hasta que se aclaren estos criterios homogéneos que se han pedido”, ha añadido la dirigente popular. El Gobierno tiene tres meses para responder al escrito presentado tanto por Vox como por el PP, o se sustanciará por silencio administrativo en sentido negativo. Fuentes de Génova aventuran que el Ejecutivo hará caso omiso de su petición.