“Teníamos razón”. Con estas dos solas palabras ha despachado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de buena parte de las personas que han adquirido la nacionalidad española a través de la llamada ‘ley de nietos’. Una medida que el alto tribunal no ha tomado por un recurso del PP, sino de los partidos Iustitia Europea y Vox, y que les sirve para alentar sus denuncias de un supuesto “pucherazo electoral” promovido por el Gobierno.
Las conspiraciones sobre la “ingeniería electoral” de Pedro Sánchez no son nuevas y se retrotraen casi hasta sus primeros meses como presidente. En los meses previos a las elecciones de 2023, las derechas alentaron expresamente los bulos sobre el voto por correo o la incidencia del voto exterior, y no dudaron en usar la palabra “pucherazo”.
Feijóo y los suyos implicaron expresamente en el supuesto complot a Correos, al Instituto Nacional de Estadística, al CIS o a la empresa Indra, encargada del recuento.
Aquellos comicios pasaron sin incidencias significativas. Con las urnas cerradas, y pese a que Feijóo no pudo gobernar por apenas un puñado de votos, las acusaciones decayeron. El voto de los residentes en el extranjero (CERA) cambió un diputado en aquellas generales: en Madrid y a favor del PP.
