Cuatro alcaldías de municipios de la ribera del Guadalquivir (los sevillanos Coria del Río y Los Palacios así como los gaditanos Sanlúcar de Barrameda y Chipiona) y representantes de una decena de entidades han reclamado la paralización de todos los vertidos mineros al estuario del mayor río andaluz así como la prohibición de nuevos desembalses de aguas procedentes de la extracción de minerales hasta conocer exactamente las consecuencias de estos en el ecosistema del que dependen los mencionados pueblos y Doñana. Se amparan en la actualización de un estudio de hace un año sobre la presencia de metales pesados en peces y que, según Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, ha aumentado a “niveles récord” en los últimos meses.Las empresas mineras afirman desconocer el nuevo trabajo, realizado a partir de los datos aportados a la Junta de Andalucía por el programa de seguimiento del estuario, pero cuestionan tanto este como el anterior estudio. Según la principal mina señalada, Cobre Las Cruces, esta cumple “escrupulosamente” la normativa ambiental y las aguas procedentes de sus vertidos “son sometidas previamente a un tratamiento intensivo de depuración, con varios ciclos de control y análisis”.La actualización del estudio de Castillo, publicada hace una semana, identifica en los peces la presencia de cobre, manganeso, cromo, níquel, plomo, selenio y zinc en concentraciones que, según el estudio, superan a las medidas en el estuario tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998.La bióloga Antonia Herrero ha atribuido el agravamiento de los indicadores de metales pesados, en línea con la investigación, al desagüe de las balsas mineras por las lluvias del invierno y a la incidencia del calor, que aumenta la presencia de los mismos en peces y en las algas de las que se alimentan. Según Herrero, si no se paralizan los vertidos mineros, la contaminación acumulada “será 10 veces superior a la que ya soporta el estuario”.Esta conclusión, que avala el informe de Castillo, se contradice con uno encargado por la empresa minera a la AICIA (Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía) y al Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. En este se limita al 4,3% la incidencia de la actividad minera sobre el estuario. Ante este cruce de datos, la bióloga ha reclamado que se paralicen los vertidos “hasta que no se sepa la incidencia real y que sea un comité científico el que la determine”.Carmen Pozo, delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que afirma hablar en representación del resto de las alcaldías, de las que no compareció ningún responsable cuando se reclamó la paralización de vertidos, ha apoyado esta moratoria y alegado que “le preocupa muchísimo por los efectos en el tejido empresarial vinculado al mar”.También Sebastián Martín Recio, representante de la plataforma Marea Blanca, ha reclamado los resultados del “subprograma” de Salud para el seguimiento de los productos procedentes del estuario y que se consumen en las localidades de la ribera. En este sentido, Luis Barraquero, coordinador de Greenpeace, ha pedido la investigación de otros productos de la zona “de gran valor comercial” (los estudios de Castillo se han centrado en el albur) para conocer el impacto de los vertidos en ellos. “El sector pesquero, el agrario y el turístico están amenazados”, ha advertido.