El futuro del comercio mundial de ropa de segunda mano y de la gestión de los residuos textiles se juega en un debate internacional que se dirimirá en la Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea (COP18), prevista para abril de 2027 en Panamá. Dos grandes corrientes de opinión intentan influir en la reforma de las reglas que regulan estos flujos. Por un lado, hay un grupo con una visión más ambiental que reclama controles más estrictos para evitar que los países ricos exporten residuos textiles bajo la etiqueta de “ropa usada” al Sur Global. Por otro lado, está el sector de la reutilización y el reciclaje, que pide aplazar o flexibilizar el endurecimiento de la norma por temor a poner en riesgo miles de empleos que dependen del comercio de ropa de segunda mano en África, Asia y América Latina.Hace un año, en una decisión sin precedentes, los países que participaron en la COP17 acordaron abrir un proceso para estudiar cómo enfrentar el creciente comercio internacional de textiles usados y residuos textiles, impulsado por la preocupación de la cantidad cada vez mayor de prendas —especialmente de moda rápida— que terminan en vertederos del Sur Global. Cada año se generan 92 millones de toneladas de residuos textiles en todo el mundo. España es el octavo país de la Unión Europea (UE) que más ropa descarta y envía al exterior: exportó más de 164 millones de kilos en 2024, el doble que en 2019. El debate se intensificó el pasado junio, cuando representantes de gobiernos, organizaciones ecologistas, empresas de reciclaje y actores de la economía circular se reunieron en Ginebra para discutir qué propuesta se llevará a la COP de movimientos transfronterizos de residuos en 2027 y si se plantearán nuevas reglas en el marco del Convenio de Basilea. Este tratado internacional, en vigor desde 1992, regula las exportaciones e importaciones de residuos peligrosos y otros tipos de desechos. Actualmente, gran parte de los residuos textiles están clasificados como residuos no peligrosos y pueden circular con menos controles. Tampoco les aplica el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC), mediante el cual los países importadores deben autorizar si reciben determinados envíos de residuos. El bando defensor de mayores controles, formado por organizaciones ecologistas y algunos gobiernos preocupados por el impacto ambiental de estos flujos, reclama renovar la clasificación de residuos del Convenio de Basilea y categorizar determinados textiles como peligrosos, especialmente si están hechos de poliéster, nailon u otras fibras sintéticas derivadas del petróleo. Si esto sucediera, los cargamentos de ropa tendrían que someterse al PIC. También piden criterios mucho más estrictos para demostrar que las prendas que se exportan para mercados de segunda mano sean realmente reutilizables. Christopher Hudak, de la ONG Basel Action Network, explica que eso permitiría disminuir la cantidad de ropa que, por su mala calidad, no se puede vender en los mercados de segunda mano y termina en vertederos o playas de países del Sur Global. “No se trata de impedir los envíos, sino de permitir que los países sepan qué contienen los envíos y puedan decir si permiten su entrada o no. Requeriría de algo de papeleo, pero no es una carga excesiva”, asegura Hudak en una entrevista telefónica. No se trata de impedir los envíos, sino de permitir que los países sepan qué contienen los envíos y puedan decir si permiten su entrada o noChristopher Hudak, ONG Basel Action NetworkLa otra parte, integrada por organizaciones de economía circular y algunos países africanos e importadores de ropa de segunda mano, aboga por una regulación gradual que proteja los empleos que genera el mercado de ropa usada. Su principal reivindicación es que esta debe considerarse un producto y no un residuo sujeto a controles que ralenticen su comercio. Y aunque también apoyan una renovación de categorías ―que iría desde ropa reutilizable, ropa reparable hasta textiles reciclables y basura textil―, piden hacerlo de tal forma que no afecte a las importaciones y exportaciones actuales.Stewart Suweta, responsable de Economía Circular en la Federación Humana People to People (HPP), una red que agrupa a 30 organizaciones, entre ellas Humana España, asegura que el sector de comercio de ropa usada “funciona correctamente en este momento como cualquier otro”. Y, aunque reconoce que “las fibras sintéticas están inundando los mercados africanos”, cree que aún es prematuro introducir categorías de textiles peligrosos. “Si se somete a nuevas regulaciones, habrá interferencias con los tiempos de exportación. En África, los comerciantes esperan que los fardos de ropa lleguen en plazos concretos. Con los cambios, sin duda las personas que dependen de este sector tendrá problemas de suministro”, argumentaba Suweta a este diario en Madrid unos días antes de viajar a Ginebra a los debates del Grupo de Trabajo. Si se somete a nuevas regulaciones, habrá interferencias con los tiempos de exportación. En África, los comerciantes esperan que los fardos de ropa lleguen en plazos concretosStewart Suweta, responsable de Economía Circular en la Federación Humana People to People (HPP)La Oficina Internacional del Reciclaje (BIR, por sus siglas en inglés), que representa a HPP y a otras 30.000 compañías de aprovechamiento de residuos, sostiene que la ropa de fibras sintéticas correctamente seleccionada aún puede ser vendida en los mercados de segunda mano. “Su reutilización viene determinada por su estado y su viabilidad en el mercado, no por la composición de las fibras. Restringir su comercio no reduciría el daño medioambiental, sino que probablemente lo aumentaría al desviar el material hacia la eliminación en lugar de hacia la reutilización”, sostenía el BIR en sus comentarios enviados a Ginebra. Otros participantes del debate, como el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) o la Oficina Europea de Ambiente (EEB), han solicitado establecer sistemas para seguir la ruta de la ropa usada para garantizar que no terminen en vertederos. También han insistido en reforzar sistemas de responsabilidad (más conocidos como “Responsabilidad Ampliada del Productor”) para que las marcas “participen” de la disposición final de sus productos: esto implicaría cubrir los costes de la gestión de contaminación y garantizar el acceso a seguros y financiación para los trabajadores de los mercados de segunda mano. Tras cuatro días de debates, el Grupo de Trabajo del Convenio de Basilea dio un nuevo plazo, que vence el 30 de noviembre, para que las partes aporten nuevos comentarios, estudios y evidencias para consolidar la propuesta que se llevará a la COP centrada en residuos, donde se tomará la decisión de si modificar la norma y en qué plazos. Los empleos, el gran debateMás allá de las disputas técnicas y regulatorias, uno de los puntos más sensibles de la negociación es el impacto que cualquier cambio en la norma podría tener sobre las personas que viven del comercio de ropa de segunda mano en el Sur Global. Aunque no hay una cifra global del impacto económico del sector, un estudio de Oxford Economics encargado por HPP documentó que en Ghana, Kenia y Mozambique esta industria sostenía unos 160.000 empleos. HPP también calcula que cada tonelada de ropa importada genera 6,5 puestos de trabajo en África. La UNEP, de hecho, asegura que el comercio de ropa usada “es la columna vertebral de las economías de muchos países”. Además, de acuerdo con Suweta, las importaciones generan ingresos tributarios: “Mozambique, por ejemplo, recauda alrededor de 80 millones en aranceles de importación a través de este segmento”. Por eso, considera que cualquier cambio en la norma debería tener en cuenta aportes africanos.Hudak, no obstante, advierte de que el argumento de la protección de los empleos no puede ser una razón para no regular los textiles peligrosos. “No hay nada de circular en la ropa fabricada con plástico: va de una fábrica de moda rápida en China a un consumidor en España, de ahí a Kenia y, finalmente, a un vertedero en Kenia”, sostiene. Tampoco cree que los controles se deban postergar.La calidad de la ropa no deja de bajar: los importadores están ganando dinero pero los minoristas estamos perdiendo porque lo que llega no está en buenas condicionesOfosuah Agyekum Sarkodie, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres del Mercado de KantamantoOfosuah Agyekum Sarkodie, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres del Mercado de Kantamanto en Ghana, uno de los más grandes del mundo dedicados a la compra y venta de ropa usada, defiende que algo tiene que cambiar. “No creo que la imposición de mayores controles [a los cargamentos] vaya a causarnos ningún problema. Solo quieren pasarnos el problema a nosotros. La calidad de la ropa no deja de bajar: los importadores están ganando dinero pero los minoristas [que compramos los fardos] estamos perdiendo porque lo que llega no está en buenas condiciones”, comentó a este diario en la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo, ciudad que visitó para asistir a un foro sobre moda circular. Aunque no conoce el contenido de las propuestas que se discutieron en Suiza, la vicepresidenta de la asociación respalda la propuesta de ampliar la responsabilidad de las marcas para que apoyen a mercados y organizaciones como la suya, que se dedica a darle una nueva vida a la ropa usada bien sea por medio de la reventa o la creación de nuevos productos con retazos de textiles usados. “La gente seguirá comprando moda rápida y eso llegará a mis manos. Con la Responsabilidad Ampliada del Productor podríamos ampliar nuestras instalaciones y reciclar creativamente”, asegura.